«Siempre defendimos la dolarización e incluso se reforzó durante la década de gestión del presidente Rafael Correa. Sin embargo y una vez más, quienes representan al Gobierno y sus aliados, bloquearon la creación de la Comisión Ocasional para dar trámite a la enmienda constitucional para reconocer al dólar como moneda oficial del Ecuador.
Paradoja: Quienes falsamente nos acusan de querer desdolarizar, impiden reconocer y  garantizar constitucionalmente la dolarización en nuestro país. Con esta negativa queda claro porque la derecha neoliberal bloqueó desde el 2021 esta enmienda a nuestra Constitución.
¡Quedaron en evidencia! ¡Se les acabó el cuento!», expresó en su cuenta de X.

La moción propuesta por la asambleísta Esther Cuesta no tuvo apoyo de la bancada oficialista y tampoco del PaertidoSocial Cristiano. Este proyecto de enmienda lo realizó el alcalde de Quito y exasambleísta Pabel Muñoz en 2021 y se aprobó en 2022 por la Corte Constitucional.

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El primer mandatario firmó el decreto 655 con el que declaró suspendida la jornada de trabajo para el sector público y privado. Los funcionarios del Estado deberán reponer dicho feriado a través de una hora adicional durante los ocho días laborables subsiguientes.

Los trabajadores del sector privado deberán recuperar el descanso por medio de un acuerdo con su empleador.

El Gobierno ordenó que deberá garantizarse la provisión de servicios públicos básicos de salud, bomberos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales y servicios bancarios.

De acuerdo al CNE, el conteo de votos se tardará alrededor de seis horas del domingo 5 de febrero. Las autoridades consideran que el escrutinio se demorará hasta la medianoche. Inclusive se prevé que se alargue hasta la madrugada del lunes.

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Para conocer si fue nombrado miembro de mesa debe ingresar a https://app02.cne.gob.ec/consultaregistroelectoral/

En el aplicativo debe colocar su número de cédula, fecha de nacimiento y dar clic a la casilla de “No soy un robot”. En el caso de ser parte de la JRV le saldrá la notificación y su cargo en letras rojas. Cada junta receptora tiene siete miembros con un mínimo de cuatro. La mesa conforma tres vocales principales, tres suplentes y un secretario o secretaria.

Los ecuatorianos acudirán a las urnas el 5 de febrero del 2023 para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

¿Cómo se eligen a los miembros de las JRV?

El Consejo Nacional Electoral seleccionó alrededor de 27 mil ciudadanos para formar para de la JRV. La selección se realizó con base a un determinado grupo de personas:

• Estudiantes legalmente matriculados en las instituciones del Sistema de Educación Superior;
• empleados privados que cuenten con título profesional;
• servidores públicos que cuenten con título profesional;
• servidores públicos bachilleres;
• empleados privados bachilleres;
• estudiantes de bachillerato mayores de 18 años de colegios urbanos y rurales;
• ciudadanas y ciudadanos residentes en zonas rurales que hayan concluido la instrucción general básica, que pertenezcan a Organizaciones Comunitarias de hecho y de derecho, Comités Pro Mejoras y Juntas de Agua legalmente constituidas y otras organizaciones que determine el Consejo Nacional Electoral y
• ciudadanas y ciudadanos del registro electoral de la respectiva jurisdicción.

Las personas asignadas serán notificadas entre el 27 de octubre al 25 de noviembre por correo electrónico y de manera presencial a las zonas de difícil acceso. Por otro lado, las capacitaciones son obligatorias y será del 8 de noviembre al 5 de diciembre. Si no se cumple con este requisito la multa es de USD 42,50.

 En caso de inasistencia el día de las elecciones la multa es de USD 63.50. Sin embargo, la multa más alta es para las personas que abandonen su puesto durante el proceso electoral, al considerarse una infracción grave la multa es de once a veinte salarios básicos, es decir de USD 4.500 a 8500. (A.G.M)

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Hay que entender que dos de las preguntas (sobre la participación de militares en el control de seguridad ciudadana y eliminar funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social) no necesitan enmienda sino una reforma parcial ¿Qué significa esto? Según el artículo 442 de la Constitución ecuatoriana:

«La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El segundo debate se realizará al menos noventa días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días siguientes.

Para la aprobación en referéndum se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum, y dentro de los siete días siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación».

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El siguiente paso

De acuerdo con el abogado Ramiro Aguilar, es complicado que estos dos temas se aprueben en la reforma parcial. «La seis preguntas que pasaron van a la Consulta Popular, pero las otras dos deben pasar primero por la Asamblea y luego al referéndum sino no se aprueban».

El control de constitucionalidad, por otro lado, al que se refiere la CC pasará después de la Consulta para determinar si es pertinente su aplicación. Es una disposición de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales.

Artículo 127. – «Alcance.- La Corte Constitucional realizará un control automático de constitucionalidad de todas las convocatorias a consulta popular. El control de constitucionalidad se ejercerá en los mismos términos y condiciones que el control previsto en la Sección Tercera del Capítulo Cuarto del presente Título, y estará encaminado a garantizar la libertad de la electora o elector y la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas o las medidas a adoptar a través de este procedimiento. Las disposiciones jurídicas que fueren el resultado de un referendo, se someterán al régimen general del control constitucional.

Por lo tanto, es posible que el Ejecutivo ya empiece con el proceso en el Consejo Nacional (CNE).

¿Pasará la Consulta?

Para el jurista, el desprestigio del Gobierno es una señal de un posible fracaso de la Consulta Popular en las urnas. «Por cuestión de economía, la Consulta Popular debería coincidir con las elecciones seccionales de 2023. Veo al Gobierno tan débil que no sé si llegue a febrero del 2023 y si llega, lo hace con nueve de cada diez ecuatorianos detestándolo».

Añadió que la forma en cómo responderán esos nueve ecuatorianos insatisfechos con el Gobierno es botando no en la consulta. «El Gobierno es un boxeador contra las cuerdad, muy débil que apenas puede sostenerse. (…) No sé si llegue a febrero, pero si lo hace, su legitimidad está por los suelos». (MIB)

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«Es indignante lo sucedido porque el seguimiento que me ha realizado un equipo entero de policías que, en lugar de ejecutar su trabajo de protección a la ciudadanía, han preferido ceder y prestarse a intereses políticos del gobierno. Por presión a los asambleístas, estamos siendo víctimas de situaciones similares debido a la votación para la destitución relacionada al Consejo de la Judicatura», dijo la legisladora en un comunicado.

Castillo rechazó el acoso a ella y su familia «al recibir la invasión en la puerta de mi hogar para realizar una supuesta requisa sin una orden previa y sin sustento alguno».

A las 12:30 del 28 de agosto, el Pleno se informará de las distintas posiciones de los miembros de la Comisión de Fiscalización que han llevado la investigación de este caso. Allí decidirán si van o no al juicio político. Para eso se necesitan 70 votos.

En su cuenta de Facebook, la legisladora denunció la presencia de los gendarmes.

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Esteban Torres (PSC) es accionista en El Heraldo CA y Humberto Alvarado (UNES) es el gerente general de Queveradio S.A. De acuerdo con el Observatorio, esto denotaría un posible conflicto de intereses al momento de votar.

Según la Ley de la Función Legislativa, quienes tengan conflictos de interés en la aprobación de leyes o resoluciones, deberán abstenerse en las votaciones.

¿Qué dicen los legisladores?

El asambleísta Torres dijo a Radio La Calle que no existe ningún conflicto de interés ya que no es la única empresa en la que tiene acciones y su porcentaje de participación no supone un problema. «Tengo (si no me equivoco) 6 acciones de un paquete de miles de acciones», expresó. En El Heraldo, Torres tiene el 0.081, es decir, 81 acciones de un total de 100.000.

Según la información de la Superintendencia de Compañías, el legislador tiene acciones en seis empresas: El Heraldo, Corporación Favorita, Holcim Ecuador, Cervecería Nacional, Mercantil Torresco y Huayra Investment.

Por otro lado, el asambleísta Alvarado respondió que no votará en esta ley. «Primero, Yo no tengo ninguna acción ni representación legal en ningún medio de comunicación. Segundo, no participaré en debate ni en la votación de la ley».

Sin embargo, la Superintendencia indica que el legislador es el gerente general y accionista de Queveradio S.A. Al respecto dijo «Es una compañía que se creó para el concurso de frecuencia, que lamentablemente no fue otorgada».

La derogación del reglamento de la ley de Comunicación y el envío de un nuevo proyecto fueron las primeras actividades de Guillermo Lasso a la presidencia. Han transcurrido un año para que esta ley llegue a un término. MIB

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«Con 66 votos afirmativos, 40 negativos y 27 abstenciones, el Pleno Legislativo no aprueba el texto final íntegro del Proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Caso de Violación, enviado por la Comisión de Justicia», informó la institución.

Tras la votación, la asambleísta ponente Johanna Moreira (ID) solicitó a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, un receso de una hora para retomar la reconsideración de la votación.

Reacciones

Fuera de la Asamblea, los grupos proderechos y grupos provida lanzaron consignas a favor y en contra del debate de este proyecto de ley. Los grupos proderechos, a través de representaciones, mostraron los testimonios de las mujeres y niñas víctimas de violación.

Durante el receso, la asambleísta Gerladine Weber (PSC) anunció el envío de un proyecto de ley de adopción emergente. Sus expresiones provocaron la indignación y las consignas de los grupos proderechos que al grito de ‘torturadores’ criticó el anuncio de la legisladora. Los grupos provida planean rezar un rosario mientras continúa la votación de este proyecto.

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«Invito a toda la ciudadanía residente en el exterior a ayudarnos a cambiar la historia de Colombia. Inscriba su cédula a través de este link y alístese a votar por el Cambio y contra la corrupción. https://inscripcionciudadanos.registraduria.gov.co/», escribió en un tuit.

El dirigente progresista añadió que es importante poner a Colombia en la vanguardia mundial en la lucha contra el calentamiento global.» Demos prioridad en la diplomacia oficial a la lucha por los derechos de ciudadanía de los colombiano(a)s en el exterior».

Petro agregó que busca colocar a cero el costo de remesas a Colombia. Su gobierno, de llegar al poder, quiere implementar un plan de retorno de los migrantes colombianos.

«Garanticemos el trabajo digno dentro del Estado y el sistema de educación superior de Colombia de todas las personas que tengan títulos de doctorado y residan en el exterior. Mi gobierno construirá el plan del regreso», expresó.

Camino a las presidenciales

Al momento existe casi una veintena de precandidatos a las elecciones presidenciales de Colombia. Petro es el candidato más fuerte de la izquierda y desde el centro y la derecha no aparecen todavía claramente los candidatos para hacerle frente. Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria aparecenvomo posibles candidatos, mientras que Óscar Iván Zuluaga podría tener el apoyo del uribismo.

El próximo 29 de mayo se realizará la elección presidencial en el vecino país. Hasta el 30 de diciembre de 2021 se registraban 550.658 cédulas de ciudadanía por cambio de domicilio. En Colombia la votación no es obligatoria.

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«Hoy sabremos quién es quién. Si bien hemos realizado una investigación facultados por la Constitución. Es un tema inmoral y legal. El presidente al igual que todos los funcionarios públicos debe cumplir la ley», dijo la legisladora a Radio La Calle.

No hay justificación, a juicio de la funcionaria, para evadir impuestos. «Los paraísos fiscales golpean a economías como la nuestra. El presidente no puede decir que puede guardar su plata donde quiera cuando se utiliza mano de obra ecuatoriana. Ahora es presidente de la República y debe responderle al país».

Sin abstención

Sobre la votación de la bancada, Cabezas indica que se pronunciarán a favor. «No hay espacio para la abstención. Pruebas existen y hay que decirle al presidente que debe responder».

En cuanto a la nueva filtración de ICIJ, la asambleísta añadió que «el presidente Lasso no puede decir que los 600 periodistas son correistas. Debe responder porque hay muchas mentiras, incoherencias e inconsistencias. El debate sobre las guaridas fiscales recién empieza».

Investigación

En el proceso aparecieron varias violaciones a la ley y la Constitución. «Ante la presión mediática y la evidente vinculación con Pandora Papers empezó la investigación. Sin embargo, la Comisión es investigada por la Fiscalía a pesar de que tenemos inmunidad parlamentaria. La Fiscalía deja mucho que desear, debe ser independiente y no atarse al poder político», explicó.

Cabezas considera que debe existir una voluntad política para un proceso de juicio político. «En lo personal creo que la Asamblea debería empezar un proceso que permita darle una salida a este tema. Debe existir la voluntad política de los 137 legisladores para ir un paso más allá».

La posibilidad de una muerte cruzada no preocupa a los asambleístas de UNES. «Si el gobierno de Lasso le hace tanto daño al país y representa ir más allá, lo haremos. Nosotros no estamos cuidando el cargo».

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El ponente designado, Francisco Jiménez, explicó los cambios que realizó en el texto final. En el artículo 22 se modificaron los porcentajes de las contribuciones temporales que, dependiendo de las fechas de pago serán de: 4.5%, 5.5% y 6.5%.

Además el artículo 39 numeral 13 se sustituyó que se podrá reducir el 100% adicional para el cálculo del impuesto a la renta en sectores específicos, en el caso de donaciones en temas ambientales.

Un punto importante fue el articulo 42 numeral 2 del “impuesto a la herencia” que se mantiene, pues lo asambleístas consideran necesaria la exoneración de este impuesto se dará a los beneficiarios dentro del primer grado de consanguinidad”. El Artículo 44 queda así: se sustituye por “las utilidades que perciban provenientes de la enajenación de acciones estarán sujetas a un impuesto a la renta único con tarifa progresiva.

Otros cambios son las especificaciones en las tablas de Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y el artículo 118 para los contratos de operación turística que tendrán una vigencia 10 años.

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El debate

Los compañeros de bancada de Jiménez (BAN) estuvieron presentes para defender este proyecto de ley. Natalie Arias indicó que “El artículo 53 beneficia directamente a las mujeres y sus hijos porque hablamos de productos sanitarios y pañales. Fue una promesa de campaña. Hay una preocupación en ese sentido. Hay que tener presente que los planteamientos de la ley deben ser en función de lo que se ha hecho en estos seis meses”.

El independiente John Vinueza afirmó que algunos cambios eran totalmente necesarios. “Cuando el asambleísta del gobierno indica que habrá cambios es difícil de creer, pero si indican que van a mantener el impuesto a las herencias es importante. Ya veo al menos una luz. Sobre el artículo 39 sobre las donaciones al tema ambiental, creo que es importante añadir las enfermedades catastróficas”.

Impuestos para pagar una nueva secretaría

La asambleísta del PCS, Natalie Viteri, hizo un señalamiento importante. La creación de la Secretaría de Asociaciones Publico – Privadas, una entidad adscrita a la Presidencia y que usará recursos públicos para mantenerse. “Pregunté porque no usan a funcionarios que ya estén trabajando en el sector público y me indicaron que ninguno en Ecuador está capacitado por lo que tendrán que traer gente de afuera que ganará grandes sueldos”, dijo.

También puntualizó que se beneficia a las asociaciones de empresas que ya existen en el país y quieren fusionarse. “No hay nada para los emprendedores, pero si para las clases pudientes que ya tienen compañías” dijo.

Finalmente indicó que la ley permiten que las acciones que se negocien en la bolsa de valores no paguen impuestos. “¿A qué clase media queremos beneficiar con esta ley?”, precisó.

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«Los pactos dejaron de lado a más de cuatro millones de ecuatorianos. Luego de siete días de la sesión inaugural y con la ayuda de procedimientos ilegales e ilegítimos se impuso una Asamblea que carece de representación política», dice el comunicado.

Agrega que rechazan volver a ser la Asamblea del 2% de aceptación y el reparto como mecanismo para alcanzar mayorías. «El país necesita una Función Legislativa que trabaje en alternativas para solucionar los principales problemas de la gente».

Comité de Ética

Al momento de mocionar a un miembro de UNES para el Comité de Ética, la asambleísta Pamela Aguirre hizo un reclamo al Pleno.

«En esta Asamblea se está repartiendo de todo para dejar de lado a los cuatro millones de electores de UNES. Quieren que nos callemos las barbaridades que pasan en el país. La inocencia de los Isaías, por ejemplo. Que vergüenza», dijo.

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