Según el Fiscalía, la magistrada habría solicitado «dádivas, incluyendo muebles de alto valor, así como dinero, a cambio de favorecer a un ciudadano en un proceso judicial bajo su competencia». El organismo judicial indicó que el operativo permitió recabar «indicios relevantes» para la investigación.

La jueza Vera adquirió notoriedad en diciembre de 2024 al otorgar una acción de protección que restituyó a Verónica Abad en la Vicepresidencia de la República. Ese mismo día, Vera denunció presiones del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, para que fallara en contra de Abad –acusación que derivó en una demanda por calumnia en su contra.

Defensa alega persecución política

Washington Andrade, abogado defensor de Vera, . «La Fiscalía continúa su rol de hostigar a quienes considera opositores al Gobierno», declaró, añadiendo que las denuncias se sustentan en «pruebas deformadas y forzadas». Andrade vinculó la acción con el «Caso Pendrive» –investigación contra Godoy– que, según él, evidenciaría vínculos entre el poder político y el control del Consejo de la Judicatura (CNJ).

«Prometieron destruirla y cumplen sus amenazas con complicidad de medios», afirmó. Además manifestó que el apodo «Mueble Fino» refleja burla hacia su defendida. Andrade aseguró que Vera ha colaborado con las investigaciones pese a la «velocidad inusitada y desesperada» para procesarla.

El delito de concusión, tipificado en el artículo 281 del COIP, conlleva penas de 3 a 5 años de prisión, elevables a 7 años si media violencia o amenazas. Se configura cuando un servidor público exige, abusando de su cargo, pagos o beneficios indebidos. La investigación continúa en desarrollo mientras la defensa insiste en un patrón sistemático para silenciar a la jueza por su actuación en casos de alto perfil político.

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Los jueces Lady Ávila Freire (ponente), Diana Fernández León y Xavier Barriga llegaron a esta conclusión tras revisar las actuaciones de Vera como jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en un caso relacionado con una queja presentada por Bryan Andrade Pérez, en calidad de procurador judicial de la compañía COMWARE S.A.

El abogado Washington Andrade, defensor de la jueza Nubia Vera, informó a La Calle que se está tratando de posicionar una idea equivocada sobre la situación, cuando el procedimiento establece otra cosa.

Cuatro puntos claves

Primero, Andrade explicó que la declaración de los jueces de la Sala podría constituir una falta grave, pero esto está sujeto a que se inicie un sumario administrativo, en el cual la jueza y su defensa tendrán la posibilidad de desmontar esos argumentos.

Segundo, señaló que el proceso en el que se dictó esta declaratoria es el mismo en el que, ante la Comisión de Justicia, Vera manifestó que este número de proceso fue uno de los que se activaron luego de que le fuera sorteada la causa el 11 de noviembre. Añadió que la notificación de la resolución del sorteo y la asignación del tribunal llegó a su despacho apenas 45 minutos antes de que emitiera su fallo oral el 23 de diciembre. Según el abogado, en ese corto tiempo, la jueza fue objeto de amenazas e intentos de amedrentamiento con la advertencia de que se activaría un sumario administrativo en su contra y su posible destitución.

Ese mismo día, la magistrada Vera, luego de su veredicto, denunció haber recibido presiones de Mario Godoy para que falle en contra de Verónica Abad. «Es evidente que, como Mario Godoy, en funciones prorrogadas, está ejerciendo su poder al respecto», manifestó Andrade.

Tercero, el abogado reiteró que presentarán su defensa y dejó en claro que no se trata de una destitución. «La Corte Provincial no puede destituir, lo que hace es emitir esta declaración para que se inicie un proceso», sostuvo, añadiendo que demostrarán la falsedad de los argumentos en su contra.

Cuarto, mencionó que la jueza Nubia Vera ha insistido en solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, resaltó que ya se han iniciado más de ocho acciones en su contra desde que tomó la decisión de fallar en el caso Abad.

El jurista agregó que, incluso, el día de ayer, jueves 13 de marzo, Nubia Vera fue impedida de acceder a su sistema informático.

Finalmente, Andrade fue enfático en que «esto no constituye una destitución» y criticó a los portales que han informado lo contrario, asegurando que «están incurriendo en falsedad».

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La reunión, convocada por el Frente de Defensa Petrolero, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (Antep), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), contó con la presencia de representantes de diversos sectores. Los asistentes criticaron la falta de transparencia en la adjudicación del campo a un consorcio internacional, señalando que el Gobierno negoció «a espaldas de la ciudadanía» y favoreció intereses extranjeros.

David Almeida, secretario de ANTEP, alertó sobre inconsistencias en las cifras oficiales de renta petrolera y advirtió que la privatización afectará la producción nacional y la capacidad de refinación del país. «Este es el peor atraco petrolero de la época moderna», afirmó, comparando el caso con la entrega del campo Auca en 2015.

Acciones legales y pedido de juicio político

El abogado Washington Andrade anunció acciones legales contra el proceso de adjudicación, denunciando presuntos delitos como peculado, traición a la patria, corrupción y fraude procesal. Además, las organizaciones sindicales respaldaron un pedido de juicio político contra la ministra de Energía, Inés Manzano, y solicitaron a la Contraloría General del Estado (CGE) una auditoría urgente del contrato.

José Villavicencio, presidente del FUT, calificó la adjudicación como un «atraco» y advirtió que recurrirán al «derecho a la resistencia» si el gobierno no revierte la decisión. «Los beneficiarios de esta entrega son el presidente Daniel Noboa y su familia», afirmó, acusando al Ejecutivo de violar la Constitución.

Movilización nacional y acciones futuras

Como medida de presión, los asistentes convocaron un «tuitazo» nacional para el 10 de marzo y un plantón en varias ciudades del país el 11 de marzo, fecha límite establecida por el presidente Noboa para recibir la prima por la adjudicación. Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), respaldó la iniciativa y anunció que el 12 de marzo se realizará una nueva convocatoria para sumar a otros sectores.

Almeida también denunció que, tras las primeras críticas al proceso de adjudicación, el gobierno despidió a 28 trabajadores de Petroecuador, incluido el jefe del Campo Sacha. «En lugar de aclarar las dudas, nos persiguieron», afirmó, señalando que los despidos fueron una represalia por las denuncias públicas.

Aunque el Comité de Empresa de los Trabajadores de Petroecuador (Cetrapep) se mostró a favor de la concesión, Almeida aseguró que esta postura responde a un «chantaje» del gobierno, que habría utilizado la negociación del contrato colectivo y la entrega de beneficios sociales para presionar a los trabajadores.

Llamado a la unidad

El Frente de Defensa Petrolero hizo un llamado a la unidad de los trabajadores y la ciudadanía para impedir la privatización del Campo Sacha. «No podemos permitir que se firme un contrato que incluye una cláusula de arbitraje internacional, lo que sería una entrega total de nuestra soberanía», concluyó Andrade.

La movilización del 11 de marzo marca el inicio de una serie de acciones que buscan revertir lo que las organizaciones sociales consideran un atentado contra los intereses del país y sus recursos estratégicos.

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Según Núñez, la jueza Vera incurrió en irregularidades graves durante el proceso, modificando su sentencia en al menos cuatro ocasiones y emitiendo disposiciones que exceden su competencia. La ministra argumenta que, además de ordenar la restitución de Abad, la jueza ha incluido disposiciones adicionales que afectan a otras instituciones del Estado.

Cuestionamientos a la actuación de la jueza Vera

Uno de los aspectos más llamativos del caso es la polémica sobre las placas conmemorativas que, según Núñez, la jueza ha ordenado colocar en la sede del Ministerio del Trabajo. «Hemos cumplido con lo solicitado, pero la jueza ha cambiado las condiciones en varias ocasiones. Primero, pidió una placa con medidas específicas; luego, otra que denominó ‘placa transparente’, que no cumplía con el objetivo. Ahora exige una de bronce con letras negras y dimensiones precisas», explicó la ministra para Radio Centro.

Núñez calificó esta situación como «un gasto innecesario» y cuestionó que una sentencia judicial incluya exigencias de esta naturaleza. «Las placas no son providencias judiciales. No sé si nos escuchó la jueza, pero en ningún momento se cumplió el propósito de las mismas», agregó.

La ministra también señaló que la jueza Vera habría incluido en la sentencia a instituciones que no eran parte procesal en el caso. «En su fallo, ella ha involucrado a la Presidencia de la República, al Consejo Nacional Electoral, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto es una extralimitación de funciones que no puede pasarse por alto», afirmó.

Además, Núñez denunció que la jueza se negó a reprogramar una audiencia de seguimiento solicitada por el Ministerio del Trabajo debido a conflictos de agenda. «Yo tenía dos audiencias ese día y pedí un cambio de fecha, pero la jueza lo rechazó sin mayor fundamento. Sin embargo, cuando la otra parte procesal solicitó postergar audiencias, sí se les concedió», explicó.

Defensa de la jueza y acusaciones de injerencia política

Por su parte, Washington Andrade, abogado de la jueza Vera, calificó la solicitud de suspensión como «un intento de interferencia en la independencia judicial». Según el jurista, la intención del gobierno es apartar a la jueza del caso de Abad e impedir la ejecución de la sentencia que dispone su restitución.

«La medida busca separar a la jueza del conocimiento de la causa e impedir la ejecución de la sentencia que restituye a la vicepresidenta Verónica Abad en su cargo, así como otras medidas de reparación integral», denunció Andrade.

El abogado también cuestionó la forma en que se ha manejado el expediente en el Consejo de la Judicatura. «El documento fue entregado el 19 de febrero por funcionarios encargados, con una secretaria AD-HOC y el coordinador de control disciplinario, quien es subalterno de Mario Godoy, presidente de la Judicatura. Es evidente que hay una intención de afectar la independencia judicial», sostuvo.

Además, Andrade hizo un llamado a los vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura para que rechacen la solicitud de suspensión. «Los vocales tienen una responsabilidad histórica para defender la independencia de la justicia y su transparencia. No deben cohonestar ni ser cómplices de este tipo de manejos e intromisión en las facultades de un juez. Deberían oponerse y bloquear cualquier persecución con firmes decisiones políticas», enfatizó.

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El fundamento de la recusación señala que la jueza Vera, quien ordenó que la vicepresidenta Verónica Abad retome su cargo, estaría afiliada al partido político Avanza. Sin embargo, el texto presentado no incluiría una certificación que respalde la afirmación. Por ello, su defensa solicitó a Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), que confirme o desmienta la supuesta afiliación.

Washington Andrade afirmó que también pedirán al director del partido Avanza, Ramiro Ortiz, el registro de afiliación correspondiente, el cual debería incluir la firma auténtica de la jueza Vera. En caso de no encontrar evidencia concluyente, se denunciaría una posible falsificación del documento.

Denuncia de irregularidades

El abogado calificó la maniobra como «una grave leguleyada» que podría constituir una infracción penal. Asimismo, criticó al partido político que auspicia al candidato presidencial Luis Tillería, conocido por su propuesta de «reseteo» del país, señalando que estaría avalando acciones destinadas a obstaculizar la justicia y ejercer tráfico de influencias.

La causa en la que participa la jueza Nubia Vera se enmarca en un proceso judicial de alto perfil que ha generado controversia y tensiones políticas.

Su defensa subrayó que estas acciones legales se han vuelto una «bola de nieve de mentiras» para encubrir presuntas obstrucciones a la justicia y actos de tráfico de influencias. Añadió que tomarán las medidas necesarias para salvaguardar la integridad del proceso y la reputación de su defendida.

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La multa suma USD 115 por el delito de difamación y cumplirá su condena en un Centro de Contraventores de mujeres de Quito. El Ministerio del Deporte no registró el directorio en agosto de 2023, por lo que la expresidenta queda inhabilitada para una posible reelección. La expresidenta deberá pedir disculpas en radio Mundo-Deportivo y Cobertura FM 104.1.

Andrade interpuso una demanda por las declaraciones difundidas por la expresidenta del club. El pasado 25 de agosto de 2023, cuando Vallecilla aún era presidenta del equipo deportivo, aludió que a Andrade «le gusta vivir en el estiércol» y lo llamó «alias La Basura».

«Esta condena de privación de libertad a la ex presidenta de El Nacional es por haberme proferido términos de descrédito a mi honra y buen nombre a través de medios de comunicación», respondió Andrade en su cuenta de X.

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La resolución se tomó tras una reunión del 5 noviembre en donde los empleados manifestaron su preocupación por los sueldos atrasados. Para ellos la creación de este sindicato simboliza la lucha por salvaguardar sus derechos laborales.

«¿Cómo es posible que una compañía mantenga impagos, cerca de seis meses, a sus trabajadores y el Ministerio de Trabajo ni siquiera haga una inspección integral para establecer multas y sanciones a sus directivos o accionistas?», dijo el abogado de los empleados, Washington Andrade.

Además, señaló que el medio de comunicación aún mantiene las concesiones de frecuencias a las radios y un canal de televisión relacionados con el dueño del periódico Ángel González, conocido como El Fantasma.

En los próximos días continuará la presentación de varias acciones judiciales para salvaguardar los activos de la empresa, así como exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales tanto para los trabajadores activos como para los que fueron despedidos. Ellos exigen el pago de sus salarios y también las liquidaciones de los que fueron despedidos.

La caída de El Comercio

El 6 de junio, el diario dejó de circular definitivamente su edición impresa, por lo que su único soporte sería la versión digital. Sin embargo, las deudas a los trabajadores persistieron hasta el 7 de julio un grupo de ellos paralizaron actividades.

“Nosotros, la mayoría de trabajadores de El Comercio, comunicamos a nuestros jefes, editores y gerentes que ya no podemos seguir trabajando debido a la falta de recursos económicos, derivados de los incumplimientos de la empresa”, rezó el comunicado.

En el mismo escrito, criticaron la promesa vacía del presidente Guillermo Lasso, quien había asegurado que haría respetar los salarios y liquidaciones de los empleados el 2 de enero de 2022.

“Señor presidente, dirigimos esta carta para recordarle que ha incumplido con su palabra de exigir el pago de los salarios a los trabajadores y las liquidaciones a los excolaboradores del diario El Comercio”, lamentaron. (AGM).

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El abogado Washington Andrade, quien representará el caso, señaló que la fiscal Diana Salazar abrió el caso y dispuso la respectiva notificación para el candidato. Por otro lado, la defensa solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que certifique la credenciales como asambleísta de Villavicencio.

Otra de las denunciantes del caso es la exlegisladora Mireya Pazmiño quien interpuso esta denuncia el 9 de mayo ante las autoridades. Sin embargo, no se abrió ninguna investigación y no se designó un fiscal para el caso »a diferencia de otros casos en donde se actúa con mayor celeridad», dicta el oficio que fue entregado a Fiscalía el 16 de junio.

Trabas

Andrade indicó que debido a que Villavicencio ya inscribió su binomio presidencial le manifestaron que no pueden investigarlo. Para el jurista esta justificación sería una mala interpretación de la norma. »Recuerdo a la Fiscalía que los principios de prioridad absoluta del menor deben regir en sus actuaciones», dijo en un tuit.

Ahora con la apertura del caso, la Policía Judicial deberá notificar a Villavicencio. Entre las evidencias de este presunto delito se encuentran los vídeos en donde el acusado expone al menor en la Asamblea Nacional y en medios de comunicación como Teleamazonas y Ecuavisa. (A.G.M).

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Fideicomisos e iniciativas de hinchas de El Nacional

Actualmente, un grupo de hinchas del elenco “militar” tomó la iniciativa de crear un fideicomiso con la intención de generar ingresos económicos extras para el club. La propuesta no es reconocida por la actual directiva del equipo. Sin embargo, la misma ha recaudado cerca de USD 5.000, en de seis meses.

“Existe un fiodeicomiso. Entiendo que es una iniciataiva de ‘Vocero Bi-Tri’ y presentada por el ex ministro Augusto Espinosa. Pero estas deben ser viables bajo ciertos parámetros de transparencia, que sean apolíticas y sirvan para el club. Solo así estaríamos prestos a apoyar”, sostuvo Andrade.

Para él, en calidad de socio del club, un fideicomiso no sería la solución debido a la no oficialidad del mismo. Según el abogado, se necesita “poner la casa en orden” y resolver la situación administrativa, pues este factor dificultaría las posibilidades del equipo para que pueda conseguir el ascenso a la LigaPro Serie A.

“El Nacional ya tuvo un fideicomosimo y fue tremendamente honeroso. Genera costos y los rubros que se han recaudado son insuficientes para sostenerlo. Ni siquiera, las propias iniciativas del club han logrado conseguir la adhesión de la hinchada; mucho menos por un fideicomiso impulsado por un grupo de hinchas que desde el punto de vistas político no están atravesando un bueno momento”, expuso Washington Andrade. Asimismo, recalcó que las soluciones que se han planteado en el club, no son de fondo.

“Se Necesita una reestructuración estructural, valga la redundacia, un cambio en la gestión. El fideicomiso es un tiro al aire. Se necesita rescatar el club, más no propuestas que buscan una figuración de ciertos personajes en otros ámbitos (refiriéndose a Augusto Espinosa)”, señaló Andrade.

Reinvertir en las formativas es la principal solución

Para Washington Andrade, una de las posibles soluciones para que El Nacional retome la estabilidad económica está ligada a la propuesta de crear proyectos deportivos atractivos para la empresa privada. Para que estas se puedan materializar se necesita un cambio. “Este cambio empieza con la salida de la presidenta Lucía Vallecilla”, argumentó.

Según expuso el abogado, se necesita un nuevo direccionamiento en el club. La principal opción sería reinvertir en las categorías formativas. Sin embargo, la opción de reforzarse con jugadores extranjeros en un futuro también podría ser otra solución para los problemas futbolísticos de El Nacional.

“Mas allá de que se podría pensar en contratar extranjeros para regular el mercado, hay que romper paradigmas. Se necesita un trabajo de redistribución de ingreso y dirigirlos a las formativas, reestructurar los cuerpos técnicos. También establecer un plan de ética para evitar la presencia de jugadores con adulteración de identidad y nacionalidad”, recalcó.

Jugadores extranjeros en El Nacional

El Nacional, junto con las Chivas de Guadalajara (México) y el Athletic Club Bilbao (España), son los únicos equipos en el mundo que juegan solo con jugadores nacionales. No obstante, muy pronto el club “criollo” podría abandonar sus orígenes para poder competir al mismo ritmo que otros clubes.

“Esta filosofía de creer en lo nuestro, obviamente alejado de estos chauvinismo y xenofobia, es importante. Pero hay que poner los pies sobre la tierra. Si esta idea (contratar a jugadores extranjeros) es una herramienta para regular el mercado y subir el nivel del club habrá que utilizarlo. De llegar a la directiva, haríamos un estudio para llevarlo a asamblea y tomar una decisión”, enfatizó Andrade.

Bajo la filosofía de jugar solo con jugadores ecuatorianos, El Nacional alcanzó 13 títulos a nivel de la liga local, así como notables participaciones en otros torneos internacionales. Sin embargo, el incremento de jugadores extranjeros en la LigaPro, obligaría al conjunto “rojo» a reinventarse para aspirar a nuevos títulos en un futuro.

“Mi posición es creer en nuestros jugadores. Pero no hay que alejarnos de los tiempos actuales. Y si la directiva decide a favor, no me temblaría la mano para contratar jugadores extranjeros. Eso sí, sin abandonar la filosofía de trabajar en las categorías formativas. Algo similar a lo que ocurre en Independiente del Valle”, destacó Washington Andrade.

Por ahora, Andrade aspira en algún momento servir a la institución como dirigente. “Lo haré con cariño, pasión y transparencia para sacar adelante al club”, concluyó.

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