Según la Fiscalía, la investigación está vinculada con la decisión de la CNJ de otorgar un habeas corpus al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán el pasado 12 de agosto. El tribunal autorizó su traslado de la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil a la Cárcel 4 en Quito, donde cumplirá su prisión preventiva.

Esta controvertida decisión fue adoptada por las juezas Tapia y Muñoz, quienes aceptaron una apelación a este recurso legal que previamente fue negado por otro tribunal. El juez Alejandro Arteaga fue el único en votar contra de esta resolución.

Jueces en rechazo

Los allanamientos no incluyeron solo las oficinas de las juezas, sino también un domicilio. En un comunicado, la Corte pidió que se respeten las competencias y decisiones de los jueces, destacando la importancia del debido proceso y la presunción de inocencia. José Suing, presidente encargado del órgano de justicia, subrayó la necesidad de mantener la independencia judicial frente a cualquier presión externa.

Por su parte, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) también se pronunció, calificando los allanamientos como «una afrenta directa a la independencia judicial». El gremio advirtió sobre el riesgo de que las decisiones judiciales se vean influenciadas por presiones externas, lo que podría comprometer la imparcialidad del sistema de justicia.

¿Qué dicen las jueces implicadas?

En respuesta a las acusaciones, la jueza Enma Tapia defendió su decisión en un comunicado en redes sociales, enfatizando que actuó con «imparcialidad jurídica». Tapia criticó que, durante el proceso, ni el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) ni el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentaron pruebas que refutaran las alegaciones de daño psicológico presentadas por Terán.

Este caso ha desatado un intenso debate sobre la independencia judicial y la posible influencia de factores externos en decisiones judiciales de alto perfil.

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»La Revolución Ciudadana está protegiendo a ciertas personas que están involucradas al crimen organizado», señaló el asambleísta de Construye Jorge Peñafiel, proponente del juicio político.

Para la censura de los exfuncionarios, la Asamblea necesitaba 92 votos afirmativos, sin embargo, solo contó con 88. Todas las bancadas estuvieron a favor de la moción de censura a excepción de la RC.

Por su parte el presidente del Parlamento, Henry Kronfle, dijo en entrevista para Primera Hora que la votación ya era previsible, sin embargo, detalló que hubo una evidencia clara de que solo existen 88 curules luchando por la corrupción.

Por su parte, la bancada oficialista emitió un comunicado en rechazo a lo sucedido y resaltó que la RC votó a favor de la impunidad y corrupción.

Argumentos de la RC

Durante la sesión intervino la asambleísta Pamela Aguirre, quien manifestó que el interpelante no pudo probar las acusaciones contra Terán. También resaltó que el extitular de la Judicatura ahora es repudiado por los mismos que lo sentaron allí, pues nació de la Corte Nacional del «siete veces sí». Asimismo expuso que Maribel Barreno viene de la terna enviada por misma fiscal Diana Salazar.

Por su parte la legisladora Sofía Espín señaló que con la censura no se acabarían los problemas de corrupción en la justicia. Argumentó que los tentáculos del crimen a la justicia, iniciaron cuando jueces liberaron a líderes de grupos delictivos en el 2017, y no con la aparición de Terán.

Además, el parlamentario Ronal González enfatizó que la bancada no actúa con odio y que la sustanciación de Peñafiel refleja la »ausencia absoluta» del desarrollo y conocimiento de la Asamblea.

La defensa de Terán

Después de la polémica por la comparecencia de Terán de manera presencial, el exfuncionario llegó al Palacio Legislativo con un fuerte resguardo policial. Al enfrentarse a los parlamentarios elevó un discurso de aproximadamente tres horas con una biblia en la mano.

»Paz, justicia y verdad, cueste lo que cueste», dijo Terán al empezar con su intervención frente al Parlamento.

En primera instancia, resaltó que desde la cárcel de La Roca le negaron el acceso a los documentos y pruebas del proceso de juicio político y recalcó que vive un »viacrucis» desde el momento de su detención el 14 de diciembre del 2023.

Aseguró que la interpelación de Peñafiel está llena de odio. Respecto a la suspensión y destitución de Walter Macías aclaró que por aquel tiempo el exjuez fue acusado de falsificar documentos para acceder a su cargo.

»Buscan reemplazar a los jueces nacionales con intenciones de dominación y que la verdad no se sepa, porque han forjado los casos. No solo el mío, muchos casos», afirmó.

Denunció la vulneración de sus derechos y el impedimento para acceder al sistema SATJE para hacer uso de su defensa y conocer el estado de las causas. «Si así van a ser las cárceles impongan de una vez la pena de muerte», mencionó. (AGM).

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El pasado 17 de junio, el exfuncionario compareció en el Legislativo con un estricto dispositivo de seguridad. Durante su intervención resaltó que desde la cárcel de La Roca le resulta difícil acceder a los documentos y a un abogado para defenderse ante la justicia y el Parlamento.

Además de la acusación por incumplimiento de funciones en la Asamblea, es procesado por obstrucción a la justicia y presunta delincuencia organizada en el Caso Metástasis.

Terán afirmó, de manera contundente, que las acusaciones que hoy tiene en su contra se debe una supuesta de venganza por no ceder a las presiones de designar jueces de acuerdo a la conveniencia de otros.

«La misma señora fiscal me escribía el interés que tenía en cooptar espacios en la Corte Nacional de Justicia. Esto consta dentro del proceso de obstrucción a la justicia», señaló.

¿Qué dicen los chats?

El registro de los chats entre Terán y Salazar, publicados en portal digital de la Asamblea, evidencian el apoyo y cercanía entre ambas autoridades. Los temas de conversación se centraban en procesos penales y en el concurso de designación de jueces del 2023.

Salazar recomendaba a personas para los cargos, mientras alertaba a Terán de nombres que no le convenían. Asimismo pidió ayuda al extitular de Judicatura cuando su cargo estaba en riesgo por el supuesto plagio en su tesis académica.

»Estoy harta de las noticias falsas. Haz algo por favor, nos quieren enfrentar», dicen las conversaciones.

Respecto al caso de obstrucción a la justicia contra Terán y otros exvocales de la Judicatura, en octubre del 2023, el extitular de la Judicatura cuestionó esta acusación, mientras que Salazar mencionó en la conversación que hasta ese momento no encontraba elementos para la acusación.

En una de las audiencias de formulación de cargos que no pudo instalarse por la ausencia de los abogados defensores, Terán y Salazar saludaron de una manera amigable. Una publicación del diario Expreso expuso una foto que reveló esta cercanía y la fiscal Salazar envió el link de la publicación a Terán.

»Me acerqué con todo sinceridad, muy aparte de que la foto está linda», respondió el exfuncionario de la Judicatura.

Rechazo de Fiscalía

La Fiscalía rechazó la existencia de estas conversaciones. El organismo señaló que el único objetivo de Terán es desprestigiar la imagen de su máxima autoridad.

”Se evidencia que buscan entorpecer el trabajo de la justica a través de jugarretas políticas que no benefician a la ciudadanía, sino a ciertos movimientos políticos relacionados con los procesados. Por ello, la Institución se ve en la necesidad de referirse -por esta única vez- a los hechos”, resaltó el comunicado. (AGM)

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El pasado 20 de junio el expresidente de la Judicatura- quien ahora es procesado por presunta obstrucción a la justicia y llamado a juicio político– leyó ante la Comisión de Fiscalización los chats que mantenía con la fiscal Diana Salazar.

Durante su confesión reveló que la funcionaria buscaba »cooptar espacios en la Corte Nacional» a través del concurso de jueces nacionales, en este sentido, resaltó que todo se trataría de una venganza al no ceder a sus intereses.

Por su parte, Fiscalía señaló que este es un nuevo intento de desbaratar los casos de corrupción y narcotráfico que lleva adelante, y que involucran al exfuncionario.

»Se evidencia que buscan entorpecer el trabajo de la justica a través de jugarretas políticas que no benefician a la ciudadanía, sino a ciertos movimientos políticos relacionados con los procesados. Por ello, la Institución se ve en la necesidad de referirse -por esta única vez- a los hechos», resaltó.

Caso Terán

En febrero, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Álvaro Román, denunció que el personal del extitular de la entidad, Wilman Terán habría intentado acceder al sistema encriptado de las preguntas para el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Según Román, el sistema sí fue entregado a los sujetos, pero comentó que el hecho es investigado por la Unidad de Transparencia.

El Pleno del (CJ) declaró nulo el proceso de renovación de jueces de la CNJ, el 18 de enero de 2024. El comunicado de la entidad aseguró que el proceso tenía anomalías e inconsistencias que traerían sanciones penales o administrativas.(AGM).

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Terán, que cumple prisión preventiva desde diciembre de 2023, estaba en la cárcel #4 de Quito por su presunta participación en el caso Metástasis, una estructura criminal en la que participaban jueces para beneficiar, a cambio de dinero, al narcotraficante Leandro Norero.

El SNAI todavía no se ha pronunciado al respecto del traslado. En la ‘Roca’ se encuentran, delincuentes peligrosos como el femicida de María Belén Bernal, Germán Cáceres, pero también personas cuyos delitos son de cuello blanco comoFrancisco Barreiro Abad, el hijo de la vicepresidenta de la República, procesado por el presunto delito de oferta para realizar tráfico de influencias.

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Este caso que conmocionó a todo el Ecuador dejó a 37 personas detenidas en el primer proceso. De acuerdo a las declaraciones de la fiscal General del Estado, Diana Salazar, todo el caso se habría desatado luego de explotar el teléfono del reconocido narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón.

Otro lío para Terán

El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Álvaro Román, denunció que el personal del extitular de la entidad, Wilman Terán habría intentado acceder al sistema encriptado de las preguntas para el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Según Román, el sistema sí fue entregado a los sujetos, pero comentó que el hecho es investigado por la Unidad de Transparencia.

El Pleno del (CJ) declaró nulo el proceso de renovación de jueces de la CNJ, el 18 de enero de 2024. El comunicado de la entidad aseguró que el proceso tenía anomalías e inconsistencias que traerían sanciones penales o administrativas.

Un intento por salir de prisión

El nombre de Daniel Salcedo es conocido en la Función Judicial por los casos de corrupción en los que ha participado. Sin embargo, el implicado interpuso una medida de habeas corpus contra el juez Felipe Córdova y el SNAI.

La audiencia se llevó a acabo el 1 de febrero de 2024, los abogados del implicado mencionaron que su defendido sufre de supuestas torturas en la Cárcel de Cotopaxi. Salcedo fue recluido el 21 de enero de 2024, luego de ser deportado desde Panamá.

El recluso, en su intervención, mencionó que no le proporcionan ni agua para tomar o un pluma. Según él, su vida corre peligro en en ese centro. «El SNAI sabe que todo lo que digo es real», comentó.

No obstante, la entidad a cargo de los presos mencionó que a Salcedo lo trasladaron de la cárcel 4 de Quito a la de Cotopaxi por supuestas amenazas. Además, fue enfático en que el recluso no debería recibir este beneficio.

Luego del largo proceso, el juez negó el habeas corpus a Salcedo y alegó que sus derechos no fueron vulnerados en ningún momento. También, expresó que esto se trataría de una «mera inconformidad por parte del detenido».

¿Norero vivo?

Se supone que Norero falleció en un motín carcelario en la Cárcel de Latacunga el 3 de octubre de 2022. Sin embargo, la justicia, nuevamente, activó sus alertas ante la posibilidad de que haya fingido o no su muerte. A estas sospechas se suma el excandidato presidencial Cristian Zurita, quien solicitó que se exhumen los supuestos restos del narcotraficante y confirmen su identidad.

Según diario La Hora, fuentes judiciales pidieron un examen de ADN de Norero, pero nunca fue otorgado. El día de su muerte, las autoridades encargadas trasladaron su cuerpo a la morgue de Ambato y posterior a eso a Guayaquil. Como el cuerpo de Norero llegó degollado y baleado, la familia reconoció el cuerpo por los tatuajes.

Ya fingió su muerte dos veces

La primera muerte de Norero fue en Perú, cuando lo detuvieron por ofrecerle USD 4.000 a dos jóvenes para ser «mulas». Cuando encontraron a Norero, un juez pidió prisión preventiva, pero ‘el Patrón’ se fugó. En 2019 fue herido en Guayaquil y las autoridades peruanas pidieron su extradición. Volvió a evadirse fingiendo su muerte.

Segunda muerte

La resurrección de Norero se da el 25 de mayo de 2022 cuando la Policía ecuatoriana allanó su casa y lo detuvo. El criminal pasó cuatro meses en prisión hasta el 3 de octubre cuando una balacera en la cárcel de Latacunga se cobra la vida de 15 privados de libertad (PPL), él entre los occisos.

“De lo que podemos conocer preliminarmente, el ciudadano Leandro Norero estaría entre las víctimas”, dijo a los medios el subdirector del Servicio Nacional de Protección a Privados de Libertad (SNAI), Jorge Flores. No obstante, nunca hubo información fehaciente que pruebe que Norero estaba muerto.

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»Quiero abrir el concurso para llenar vacantes y dejar un banco elegible de jueces a nivel nacional. Esa es mi prioridad», dijo en entrevista para Democracia TV.

Ante la reestructuración del organismo judicial, Román señaló que el Pleno solicitará de manera urgente el traslado de los jueces provinciales a los cargos de conjueces en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Los jueces subrogantes permanecerán en el cargo hasta que la Judicatura convoque a un nuevo concurso. Para este proceso armarán un nuevo reglamento en el que será tomado en cuenta la mejor puntuación, el sumario y la carrera judicial.

»Las y los conjueces provendrán del concurso de selección de las y los jueces de la Corte Nacional que no fueron titularizados de acuerdo con la nota obtenida. En caso de que no se cuente con el número suficiente del banco de elegibles de conjuezas y conjueces de la Corte Nacional, se procederá a designar a las y a los jueces a partir del nivel octavo de la carrera judicial», dicta el artículo 200 del Código Orgánico de la función Judicial.

Otra de la prioridades de Román es alcanzar a elegir nuevos notarios antes de que se termine su gestión. En este sentido, destacó que no es lo mismo estar algunos meses en el cargo que varios años. Entre jueces nacionales, conjueces y jueces de distintos niveles de la carrera judicial se deben completar 390 vacantes.

La suspensión del concurso

El pasado 19 de diciembre del 2023 el CJ suspendió el concurso de jueces de la CNJ por petición de la jueza Patricia Segarra. El proceso se retomará hasta que la Judicatura revise las actuaciones suscitadas dentro del referido proceso y los hechos registrados en torno a las pruebas de confianza rendidas en dos ocasiones por los postulantes.

”Yo creo que se trata de un concurso irregular. El presidente de la Judicatura, Wilman Terán, está llevando a la función judicial a un momento muy difícil”, dijo a opinión personal el presidente de la CNJ, Iván Saquicela en entrevista para Ecuavisa en diciembre del 2023, antes de la renuncia del extitular de la Judicatura.

Agregó que él si es congruente con su opinión, pues si le retiró su confianza a Terán no podría estar de acuerdo con un concurso que ha sido muy cuestionado. Aclaró que no es un tema político ni nada relacionado a los postulantes sino al cumplimiento de los reglamentos. (AGM).

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Este 20 de diciembre, Fiscalía actualizó las pruebas que involucran a varios actores políticos en el denominado Caso Metástasis. En esta nueva documentación de las conversaciones del 2022, sale a la luz el nombre del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán. El abogado- bajo el usuario de Global Pax- le trasladó el contacto de Terán a Norero. Su objetivo era la liberación de tres de los suyos.

Por otro lado, en esta nueva documentación entre Romero -bajo el usuario de Global Pax- y Norero exponen la colaboración del personal de la Policía Nacional para sacar los bienes del narcotraficante como automóviles, ropa y joyas.

»Tenemos al Jefe Samborondón está alineado con nosotros. Me dijo que si usted necesita algo que le pida», dijo Romero a Norero.

La justicia de su lado

En las conversaciones de mayo del 2022 también se evidenció como el narcotraficante tenía el poder para restituir a jueces que fueron separados de su cargo, tras fallar a favor de las bandas criminales.

»Andan amenazando aún a fiscales y jueces que nos dan la razón. Ellos saben muy bien que no van a ganar esta guerra. Tenemos a toda la Corte Nacional de Justicia, jefe», decía el abogado de Norero, mientras el antisocial aseguraba que no iba a dejar a nadie botado.

Los chat’s exponen como el narcotraficante pagó a jueces de Santo Domingo con el fin estancar diferentes casos por un mes. También quedó en evidencia los pagos para levantar la suspensión del juez de la Concordia y el trámite de ratificación de sentencia para la devolución de sus bienes.

Las cuotas establecidas eran las siguientes: USD 5 mil para que el magistrado se »duerma» por un tiempo en el seguimiento de procesos legales, USD 20 mil para levantar la suspensión al juez de La Concordia y USD 150 mil para ratificar la sentencia que permitía sacar los bienes inmobiliarios de su casa de la Ribera del Batán, en Samborondón.

Liberación de alias ‘Cuyuyui’ y ‘Madrid’

Según lo expuesto en las conversaciones, Norero pagó USD 200 mil al juez de Santo Domingo, Emerson C,. por las boletas de excarcelación de alias ‘Cuyuyui’ y ‘Madrid’.

»Jefe me dice que ya cumplió con todo pero que si se revienta el problema y va a los medios de comunicación nacionales y lo suspenden de su trabajo, que lo dejen con unos USD 30 mil», dicen los chats.

Más joyitas…

Además de ofrecerle su lealtad incondicional, el abogado Romero se comprometió a eliminar el nombre de Norero de toda red social a través del trabajo de un hacker. Por otro lado, manifestó que ya ha trabajado para la familia Bucaram, en donde ganó 12 casos y más de 14 habeas corpus.

Para acceder a los chats de Fiscalía puede hacer clic aquí. (AGM).

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Según el artículo 198 del Código Orgánico de la Función Judicial, en caso de impedimento o ausencia temporal del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), lo reemplazará el juez o jueza más antiguo. Si la ausencia es definitiva, se convocará de inmediato al Pleno para elegir nuevo Presidente, que completará ese periodo.

En correspondencia a este artículo, Román solicitó a las autoridades del CJ si el presidente de la entidad se encuentra ausente y proceder a informarle para asumir la dirección de la entidad.

Por su parte, Terán -desde prisión- solicitó 16 días de vacaciones y que su puesto lo asuma su suplente.

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Este caso, que ha captado la atención nacional, gira en torno a la presunta participación de jueces, fiscales, policías, guías penitenciarios, funcionarios judiciales y abogados particulares en una trama de delincuencia organizada. Su objetivo habría sido favorecer judicialmente a Leandro Norero, conocido como el Patrón, y a sus familiares.

Terán cumplirá detención en Cárcel 4 de Quito

La Fiscalía alega que Terán desempeñó un papel clave en este entramado corrupto durante su tiempo como juez en la Corte Nacional de Justicia. Como consecuencia de esta medida, el presidente de la Judicatura y los demás acusados deberán cumplir su detención en la Cárcel 4 de Quito.

Además, el juez Córdova ha concedido a la fiscal General del Estado, Diana Salazar, un plazo de 90 días para llevar a cabo la instrucción fiscal correspondiente a este caso.

En una audiencia que reveló la complejidad del asunto, Córdova destacó que el delito de delincuencia organizada, imputado por la Fiscalía, no puede ser equiparado simplemente con la asociación para delinquir. En 16 casos, la Fiscalía logró demostrar la existencia de un peligro concreto de fuga por parte de los imputados.

Según estas deliberaciones, deberán cumplir prisión preventiva, además de Wilman Terán: 

1. Ángulo Bravo Paúl Helive
2. Aguirre Carbo María José
3. César Manuel Acaro
4. Curipallo Ulloa Emerson Geovanny
5. Gaibor Gaibor Adolfo Richard
6. García Cedeño Gabriel Genaro
7. García Masías Sofía Natalia
8. Masón Simaleza Lenín Neicer
9. Novillo Arana Xavier Alexander
10. Palacios Shinin Álex Francisco
11. Paredes Flores Héctor David
12. Salazar Merchán Mayra Carolina
13. Sánchez Coello Christian Gabriel
14. Segovia Dueñas José Luis
15. Zumba Santamaría Santiago Paúl

Acicionalmente, se dictaron medidas alternativas, como arresto domiciliario para un adulto mayor, Ronald G., y para los demás detenidos, prohibición de salida del país y presentación periódica en la Corte de Justicia de cada provincia.

La defensa de Terán responde

La defensa de Terán, a cargo del abogado Alejandro Piedra, anunció la presentación de un recurso de hábeas corpus en un intento por recuperar la libertad del presidente de la Judicatura. Piedra afirmó que no existe ninguna vinculación entre Terán y el narcotraficante Leandro Norero, cuyo asesinato inició la investigación conocida como Metástasis.

Además, se plantea la posibilidad de que Terán tome vacaciones para evaluar el impacto en su posición dentro de la Judicatura. Este caso sigue desarrollándose, desentrañando una red de corrupción judicial que ha dejado al descubierto la complejidad y la gravedad de los hechos imputados.

Por ahora, se sabe que el reemplazo de Terán sería, el también jurista, Álvaro Román.

JR

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El operativo dejó 29 personas detenidas, entre ellas, Wilman Terán, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). La FGE allanó el domicilio del titular del CJ y levantó varios indicios, como: documentos, celulares, computadoras y más de USD 25 mil en efectivo. «En billetes de 100 y de 20».

A la par allanó las instalaciones de la entidad de control. En las imágenes de la FGE, se observa una botella de licor en una de las oficinas.

De la misma manera, detuvieron al general de la Policía Nacional, Pablo R., en el norte de la capital.

Loja

La entidad de control mencionó que en Loja intervino la vivienda del jefe de la Policía Judicial y las instalaciones de la institución. En el lugar se receptaron celulares, una portátil, documentación, registros de pagos, un disco duro y documentación.

• Actualización: La Fiscalía detuvo al cabo Ediin Alexander. La entidad mencionó que los implicados serán trasladados a la capital para continuar con el proceso.

Chimborazo- Riobamba

Una persona fue aprehendida y en su poder tenía un arma, que no contaba con los permisos pertinentes. A su vez, se levantaron indicios como teléfonos celulares, una laptop, dos dispositivos de almacenamiento y documentación. En una vivienda del sector también decomisaron pasaportes y transacciones bancarias.

Guayas

La Fiscalía y la Policía Nacional allanó una vivienda en el Chongón, donde encontró un revolver, una escopeta y una pistola. Mientras que, en Guayaquil allanaron el hogar del exjuez de Garantías Penales, Roanld G.

En Durán, Adolfo G., también fue detenido y se incautaron dos armas de fuego -en esta ocasión sí tenían permisos- un celular y varios dispositivos de almacenamiento. Por otro lado, en Guayas, detuvieron al coronel de la Policía Lenin Neicer M., S.

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Entre los detenidos resalta el nombre de Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, quién fue llevado a la Unidad de Flagrancia. Antes de su ingreso dio declaraciones a los medios de comunicación.

«Con la más violenta fuerza – que lo sepa la comunidad judicial y la ciudadanía – quieren frenar el irreversible paso de transformación de la justicia», expresó.

Añadió que la orden de detención es para comparecer a una audiencia. «Estoy detenido e incomunicado. No tengo ni siquiera mi número celular. No siquiera presencié el allanamiento a mi domicilio, lo único que pude leer es sicariato y crimen organizado».

Terán rechazó todas las acusaciones. «Rechazo todo. Nada debo, nada temo». Al no estar presente en el allanamiento, la cabeza del Consejo de la Judicatura teme que monten evidencia en su contra.

La fiscal informó que es uno de los operativos más grandes que se ha hecho en el país. Más de 75 allanamientos, 30 investigados y un despliegue de 900 personas entre personal de Fiscalía y Policía Nacional.

«A raíz de las investigaciones por la muerte de Leandro Norero se desprendieron indicios de una estructura criminal en varios niveles del Estado y vinculada directamente con el narcotráfico», dijo Salazar.

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»Yo creo que se trata de un concurso irregular. El presidente de la Judicatura, Wilman Terán, está llevando a la función judicial a un momento muy difícil», dijo a opinión personal el presidente de la CNJ, Iván Saquicela en entrevista para Ecuavisa.

Agregó que él si es congruente con su opinión, pues si le retiró su confianza a Terán no podría estar de acuerdo con un concurso que ha sido muy cuestionado. Aclaró que no es un tema político ni nada relacionado a los postulantes sino al cumplimiento de los reglamentos.

»No puede ser posible que se ataque a la Fiscal General, al Presidente de la CNJ y a todos quienes estamos en contra de la impunidad (…) lo que debemos evitar es que la política se tome la justicia», resaltó en referencia al movimimiento Revolución Ciudadana.

Discusión en la CNJ

En la sesión del 11 de diciembre entre discusiones y desacuerdos no se aprobaron las mociones de los distintos jueces ante la situación del concurso de jueces. En primer lugar, la jueza Emma Tapia mocionó para que la Corte llegue a la conclusión de que no deben emitir ningún pronunciamiento porque no es de su competencia, sin embargo, solo se obtuvo nueve votos de los 12 requeridos.

Por otro lado, el juez Walter Macías mocionó para emitir un exhorto al concurso de jueces, pero solo 11 votaron a favor de esta propuesta, es decir, faltó un voto para concretar una resolución final.

Terán se defiende

»No se ha favorecido a intereses particulares, eso es lo que ocultan al tratar de boicotear el concurso de jueces», dijo el presidente de la Judicatura, Wilman Terán.

El funcionario ratificó que el Concurso para la Selección y Designación de Jueces de la CNJ avanza con normalidad y conforme a los lineamientos establecido en la Constitución. Además descartó una eventual suspensión del proceso y reafirmó la transparencia del mismo.

Respecto al problema relacionado a la repetición de la prueba por parte de algunos postulantes dijo que el sistema operativo contratado por el CJ tuvo incompatibilidad con el internet del organismo. Ante esta situación detalló que se convocó a nueva fecha y hora para que los aspirantes que no pudieron inscribirse tengan una nueva oportunidad. (AGM).

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Vicente Tayano, jefe de bancada del PSC, mencionó -la noche del 5 de diciembre- que el partido y sus aliados firmaron la solicitud de juicio político contra los vocales y exvocales del CJ.

«Reafirmamos nuestro compromiso de respetar la independencia de la Función Judicial, que además debe ser absolutamente transparente tanto en la gestión administrativa como en sus resultados», reza el comunicado.

A la par, el oficialismo indicó que apoyará esta solicitud. Alegó que velará para que la legitimidad no sea menospreciada y manipulada por sujetos que la manejan de manera irresponsable.

«Los servidores públicos deben responder por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones(…) La impunidad no es parte de la agenda de ADN», detalla el comunicado.

El asambleísta por Construye, Jorge Peñafiel anunció que iniciarían un proceso de juicio político contra el presidente Wilman Terán, y los vocales Xavier Muñoz y Ruth Barreno.

Pese a que ya tienen las 35 firmas de respaldo para impulsar el proceso, el legislador detalló que no trabajarán con la Revolución Ciudadana (RC). No obstante, el momento en que la petición entre en debate en la Asamblea necesitarán 91 votos para que se puedan censurar y destituir a los implicados.

La respuesta de Terán

La única respuesta del titular del CJ la emitió en su cuenta de X. Terán afirmó que entregará todo la documentación requerida para el control por parte del Legislativo.

Según él, mientras tanto los integrantes de la institución se «mantienen trabajando con normalidad y continúan con el reto de entregar al país una justicia célere».

Un cúmulo de problemas

Terán estaba en el ojo de la opinión pública, pues el integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), señaló que habría recibido una denuncia ciudadana que interpusieron algunos simpatizantes de Fernando Villavicencio (+) sobre supuestas irregularidades en la designación de Terán.

El vocal argumentó que el nombre de Terán fue enviado por la Corte y que no existió ninguna comisión ciudadana. Sin embargo, el titular del CJ, en entrevista con Radio La Calle, que su designación estuvo «apegada en derecho y cumplió todos los requisitos».

”Esto no quería decir que podían saltarse los mecanismos y las exigencias legales. Desde mi punto de vista hay una nulidad insubsanable en la designación de Wilman Terán”, dijo a los medios de comunicación.

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Las cinco personas fueron detenidas la tarde de ayer, 15 de noviembre tras 31 allanamientos en Cotopaxi y Pichincha ejecutados por la Fiscalía. La Fiscalía de Pujilí y el Complejo Judicial de Cotopaxi fueron intervenidos.

Las autoridades investigan a funcionarios de su misma institución y a servidores del Consejo de la Judicatura (CJ) en los mencionados cantón y provincia, respectivamente.

El impulso fiscal sostiene que los servidores públicos habrían ejercido influencia en otros funcionarios para obtener un beneficio económico, con el objetivo de favorecer a terceros en procesos judiciales y de contratación de personal.

Ante la situación, por voto unánime en sesión extraordinaria, el Pleno del CJ decidió remover del cargo a su directora en la provincia de Cotopaxi, la noche de 14 de noviembre.

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La mañana del 13 de octubre, el consejero Guarderas llegó a las inmediaciones del CJ para recibir el »pedido ciudadano». El funcionario estaba acompañado por escolta policial y equipado con chaleco antibalas y un casco.

Guarderas citó el artículo 55 del Ley Orgánica del Cpccs, en donde se detalla que los concursos públicos de méritos y oposición deben efectuarse a través de una comisión ciudadana, a excepción de que la terna de participantes haya sido enviada por el Ejecutivo.

El vocal argumentó que el nombre de Terán fue enviado por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y que no existió ninguna comisión ciudadana. Por otro lado, la sentencia de la CorteConstitucional (CC) dictaba que este concurso debía llevarse a cabo »sin la menor dilación».

»Esto no quería decir que podían saltarse los mecanismos y las exigencias legales. Desde mi punto de vista hay una nulidad insubsanable en la designación de Wilman Terán», dijo a los medios de comunicación.

Agregó que durante esta semana gestionará la denuncia ciudadana en el Cpccs para tomar cartas en el asunto. Posteriormente se retiró del lugar acompañado de su escolta policial. (AGM).

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Salazar fijó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra Terán, el vocal Xavier Muñoz, la exvocal Maribel Barreno y cinco funcionarios más por el presunto delito de obstrucción de la justicia. De acuerdo con la fiscal, cuenta con los elementos suficientes para imputar los cargos.

A lo que, Terán recalcó que la máxima autoridad de la FGE «intenta señalar a quien preside el CJ y a sus funcionarios solo por cumplir sus labores».

Terán mencionó que los jueces conocen los asuntos disciplinarios -contra sus homólogos- y otras causas, pero no por eso estarían obstruyendo a la justicia.

«No observamos los casos que lleven, no juzgamos personas sino conductas», dijo en Noti Mundo.

Según el presidente del CJ, la entidad en ningún momento ha actuado con «amiguismos, compadrazgos o espíritu de cuerpo» como aseguran otras autoridades.

De cara a la Corte

Terán, Muñoz, Barreno y otros funcionarios enfrentarán una audiencia de formulación de cargos en la Corte Constitucional (CC) a las 12:00 de este 20 de octubre. Salazar acusó a los implicados de obstruir a la justicia.

La fiscal aseguró que los implicados habrían cometido las primeras infracciones en el caso «Las Torres», en el que se investiga al excontralor general del Estado, Pablo Celi.

Salazar en el proceso puede solicitar medidas cautelares para los implicados que irían desde prisión preventiva, uso de grillete electrónico hasta prohibición de salida del país, sin embargo, la decisión final la tomará el juez a cargo.

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El pleno tomó la decisión con tres abstenciones por parte de los vocales Maribel Barreno, Juan Morillo (investigados por Fiscalía) y Fausto Murillo. Por otro lado, el presidente del CJ, Wilman Terán y Xavier Muñoz votaron a favor de la destitución.

Fuentes judiciales informaron a Código Vidrio que la decisión del Pleno no está motivada y se refiere a un acto disciplinario por el cual anteriormente Macías ya fue suspendido. Sin embargo, esta resolución se da en medio del proceso legal que atraviesan los vocales Morillo y Barreno por tráfico de influencias.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) manifestó su preocupación ante la decisión del Pleno y resaltó que ya existía una fecha establecida para la audiencia en contra de los vocales. La institución consideró que estas acciones son represalias por parte del CJ a las actuaciones cumplidas por el Magistrado dentro de este caso.

Por ayudar a Llori…

El 7 de junio se formuló cargos contra los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, como presuntos autores directos del supuesto delito de tráfico de influencias. En el caso también se encontraba involucrado el juez Vladimir Jhayya.

El argumento de la Fiscal se basa en un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa constitucional que derivó en la destitución de Guadalupe Llori, hasta ese entonces presidenta de la Asamblea Nacional.(A.G.M).

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Agentes penitenciarios hallaron muertos a cuatro presos en la cárcel del Rodeo, entre ellos estarían los dos detenidos y acusados de terrorismo tras el ataque con artefacto explosivo en una dependencia judicial de Portoviejo. Mientras que los otros dos estarían cumpliendo una pena de 34 años por asesinato.

Atentado a Unidad Judicial de Portoviejo

Durante los últimos meses, el sistema judicial ha sufrido diversos ataques y alertas de bomba. El pasado 7 de julio detonó un artefacto explosivo en una unidad judicial de Portoviejo, producto de este hecho resultaron tres personas heridas, entre ellas una menor de edad que sufrió una herida en el ojo y probablemente pierda la visión, según explicó Terán.

La Policía Nacional reportó que la granada fue lanzada desde una calle en la parte posterior de la dependencia judicial, sin embargo, se enredó en un árbol. El hecho ocurrió mientras se desarrollaba una audiencia por el delito de asesinato.

La tarde del 8 de julio la Fiscalía General del Estado (FGE) procesó a dos sujetos identificados como Eduardo A., alias ‘Chiquito’, y Ángel Daniel M., alias ‘Chapulete’ bajo la causal de terrorismo. El juez dictó prisión preventiva para los sospechosos. (A.G.M).

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Durante los últimos meses, el sistema judicial ha sufrido diversos ataques y alertas de bomba. El pasado 7 de julio detonó un artefacto explosivo en una unidad judicial de Portoviejo, producto de este hecho resultaron tres personas heridas, entre ellas una menor de edad que sufrió una herida en el ojo y probablemente pierda la visión, según explicó Terán.

La Policía Nacional reportó que la granada fue lanzada desde una calle en la parte posterior de la dependencia judicial, sin embargo, se enredó en un árbol. El hecho ocurrió mientras se desarrollaba una audiencia por el delito de asesinato.

Los trabajadores realizarán sus funciones de manera telemática durante aproximadamente 15 días hasta reforzar los protocolos de seguridad. Además resaltó que existen cinco jueces con amenazas de muerte.

Ataques y más amenazas

El 2 de junio un incendio acabó con la Unidad Judicial Civil y de Trabajo de Esmeraldas. El Consejo de la Judicatura (CJ) denunció que se trataría de un atentado contra la Función Judicial.

A través de redes sociales, el Consejo advirtió que los ataques ocurren en medio de una “campaña maliciosa y mediática”. Sin embargo, aclaró que no permitirá los amedrentamientos de ningún tipo.

Tres amenazas de bomba ocurrieron el 11 de mayo en las provincias de Manabí, Imbabura y Pichincha, en las direcciones provinciales de Quito, Ibarra y Portoviejo. También sucedió una alerta similar en la dependencia de Quevedo, el 24 de mayo. Más adelante, el 20 de junio ocurrió una alerta de bomba en la dependencia judicial de Santo Domingo.

La Judicatura condenó estos actos delictivos y exigió al Gobierno de Guillermo Lasso que garantice la seguridad para los usuarios del sistema de justicia y para los funcionarios judiciales. (A.G.M).

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