La Fiscalía afirmó que los cuatro acusados están vinculados con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Tres de ellos ejercieron como exconsejeros relacionados con el correísmo, mientras que la cuarta ocupa actualmente el cargo de consejera. De acuerdo con la acusación, su intención era alcanzar, junto a una organización política, el control del sistema financiero y de justicia en Ecuador.

Desde el 15 de marzo, la Fiscalía investiga penalmente a los exconsejeros de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor. También procesa a la actual integrante del CPCCS, Nicole Bonifaz, por el delito de asociación ilícita.

Según la acusación del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, el expediente revelaría una planificación y ejecución de estrategias ilícitas. El objetivo de estas acciones habría sido tomar el control de la institucionalidad del Estado.

¿Intento de control del sistema financiero?

Los procesados intentaron influir en el sistema financiero al incumplir la sentencia 372-23-EP-24 de la Corte Constitucional (CC) para designar a un Superintendente de Bancos afín a sus intereses, según señaló la Fiscalía. El exconsejero Augusto Verduga habría promovido este nombramiento, de acuerdo con el fiscal general subrogante, Wilson Toainga.

Durante una sesión del CPCCS el 22 de enero de 2025, Verduga propuso tomar en cuenta una resolución constitucional que declaraba la vulneración de derechos de Raúl González. Este último no pudo asumir el cargo de superintendente de Bancos en 2022. A pesar de que la sentencia no afectaba nuevos procesos de selección, Nicole Bonifaz, Eduardo Franco, Yadira Saltos y Augusto Verduga aprobaron la moción con sus votos.

Como resultado, la posesión de Roberto Romero, designado legalmente para el cargo en 2024, fue postergada. En su lugar, se solicitó a la Asamblea Nacional la posesión inmediata de Raúl González, en abierta contradicción con la decisión de la Corte Constitucional.

Fiscalía investiga presunto intento de control en el Consejo de la Judicatura

Durante la formulación de cargos del caso Liga2, la Fiscalía señaló que el sistema financiero no fue el único ámbito que los procesados intentaron controlar. Según el fiscal subrogante Wilson Toainga, estas personas habrían actuado en coordinación con miembros del movimiento Revolución Ciudadana (RC5) para influir en la designación de vocales del Consejo de la Judicatura (CJ).

De acuerdo con la investigación, este presunto control se habría ejecutado mediante gestiones con personal de la Asamblea Nacional y funcionarios de la Defensoría Pública, cuyas posturas ideológicas coincidían con las del correísmo. La Fiscalía sostiene que existen conversaciones en las que el exconsejero Augusto Verduga habría coordinado con miembros del CPCCS y de RC5 para retrasar el concurso del Consejo de la Judicatura con la intención de que, en caso de ganar las elecciones presidenciales, el Gobierno de Luisa González enviara la terna correspondiente.

Para concretar este plan, se habrían planteado medidas cautelares y tráfico de influencias, según Toainga. La Fiscalía indicó que los hechos evidencian la existencia de una asociación ilícita que buscaba el control del Estado, comprometiendo la imparcialidad en la selección de autoridades, responsabilidad del CPCCS.

Evidencias y formulación de cargos

Según la Fiscalía, dentro de la investigación se revelan conversaciones que muestran cómo el exconsejero Augusto Verduga recibía y gestionaba hojas de vida, actos notariales y carpetas de posibles candidatos para las ternas. Estos documentos habrían sido enviados desde la Asamblea Nacional y la Defensoría Pública, con el respaldo de personal del CPCCS y miembros del movimiento Revolución Ciudadana. Para la Fiscalía, esto demuestra una clara intención de actuar en contra de la Constitución y la ley.

Durante la audiencia, el fiscal Toainga presentó los elementos de convicción que sustentan la acusación contra los cuatro implicados, lo que permitió fundamentar el pedido de una instrucción fiscal. Tras casi ocho horas de audiencia, el conjuez Aguirre ordenó el inicio de una instrucción fiscal por 90 días y dictó medidas cautelares contra los procesados, como la presentación periódica ante la autoridad y la prohibición de salida del país.

Los cargos formulados corresponden al artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) bajo la figura de asociación ilícita. La Fiscalía recalca que el grado de participación de los acusados es en calidad de autores directos.

¿Qué dice Augusto Verduga?

El exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga, procesado en el caso Liga2, se pronunció a través de su cuenta en X con un extenso texto de nueve párrafos, en el que expresó su postura sobre el proceso judicial en su contra y denunció lo que considera una persecución política.

Verduga señaló que «la narración de los poderosos se hace oír sin pudor, sin rubor, mientras que los verdaderos problemas de la gente quedan enterrados en la miseria de la manipulación mediática». Además, aseguró que «mi único ‘delito’ ha sido desafiar al poder más monstruoso que hemos tenido en este país: la banca privada», criticando el rol del sistema financiero en la economía del país.

El exconsejero afirmó que «la persecución que estamos viviendo no es solo política; es un ataque brutal a nuestra esencia, a nuestra lucha, a nuestras ideas. Es una campaña de estigmatización diseñada con un solo fin: silenciar a aquellos que no se someten, a aquellos que cuestionan el orden corrupto que ha caracterizado a este Gobierno y sus dos antecesores».

También mencionó que «este ciclo de destrucción está por llegar a su fin», mostrando su convicción de que la situación actual cambiará. Finalmente, en su mensaje, sostuvo que «ya basta de la continuidad oscura de un proyecto que, bajo las administraciones de Moreno, Lasso y Noboa, ha llevado al Ecuador a la ruina. No cabe duda: el pueblo está despierto, el país está cansado de este juego sucio y pronto veremos el amanecer de una nueva etapa para nuestra sufrida Patria».

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«He solicitado a la Fiscalía que indique si la señora Diana Salazar se encuentra en el país, ¿bajo qué figura de licencia o permiso se encontraría ausente?, y ¿quién está sustanciando las causas que se encontraban a su cargo?», dijo en redes sociales.

Esta solicitud surge tras la negativa del fiscal Toainga de asistir a la mesa parlamentaria en el marco de la fiscalización a la filtración de los chats del excandidato presidencial Fernando Villavicencio (+), en los cuales se revelan tramas de corrupción que involucrarían a Salazar.

Toainga se excusó de asistir a la Asamblea por la reserva del caso. Advirtió que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de prisión de uno a tres años para quienes divulguen información restringida. Además, señaló que, una vez iniciada la investigación previa, está prohibido abordar estos temas en una mesa técnica.

“En este momento, hacer lo contrario sería inducir a quienes comparezcan a la mesa técnica a revelar información que es de interés en el ámbito penal”, expresó Toainga en el documento.

El fiscal también informó que la investigación previa, relacionada con los supuestos chats, comenzó el pasado 27 de noviembre. Como parte de este proceso, se han planificado varias actividades investigativas, entre ellas, la recepción de versiones de asambleístas que, en calidad de terceros, podrían tener conocimiento de los hechos.

El paradero de Salazar

Anteriormente, Fiscalía informó a un medio de comunicación que la fiscal Diana Salazar se encuentra con licencia, y que Wilson Toainga ocupa el cargo de forma subrogante. Según la institución, la ubicación de Salazar es reservada por motivos de seguridad.

La licencia de Salazar ocurre mientras culmina su período de gestión, previsto para abril de 2025. Actualmente, se encuentra en un embarazo de alto riesgo, lo que motivó la suspensión temporal de su juicio político en la Asamblea Nacional.

El proceso para designar al próximo fiscal general está en marcha, pero podrían surgir retrasos que lleven a una prórroga, como lo establece el artículo 283 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). Según esta normativa, el periodo de un fiscal general es de seis años, sin reelección, y de no designarse un reemplazo a tiempo, la autoridad puede mantenerse en funciones prorrogadas hasta que se nombre al sucesor.

La Fiscalía no ha especificado cuánto tiempo durará la licencia de Diana Salazar ni ha dado detalles adicionales sobre su estado de salud.

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La orden será remitida a la Interpol para proceder con su búsqueda y captura, reportó la periodista Jacqueline Rodas.

El 5 de marzo del 2023, la entidad de control inició el proceso contra 37 personas por el presunto delito de cohecho en el caso Sinohydro, más conocido como Ina Papers. A partir del 13 de marzo los sospechosos debían presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Sin embargo, 10 de los implicados incumplieron las medidas dictadas por el Tribunal, entre ellos el expresidente Lenín Moreno, Rocío González, Irina Moreno, Xavier Macías, María Auxiliadora Patiño, Liu Asheng, Cai Runguo, Pablo Zatizabal, Mauricio Pérez y Francisco Castello.

La solicitud fue realizada por el fiscal General del Estado subrogante, Wilson Toainga. La decisión de acoger su pedido quedará en las manos del conjuez Bayardo Espinosa.

Sobre el proceso

La Fiscalía presentó 225 elementos de convicción sobre el supuesto entramado de corrupción. El impulso fiscal sostuvo que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro en el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

La entidad de control reveló que el expresidente y su esposa habrían recibido en coimas USD 220 mil, a través de un departamento. De igual forma, su hija Irina Moreno y su hermano, Edwin Moreno cobraron sobornos por USD 50 mil y USD 350 mil.

Por su parte, José Carmigniani y Conto Patiño aceptaron los sobornos más altos por USD 2.6 millones y 1.5 millones, respectivamente. (A.G.M).

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«El Fiscal Subrogante Wilson Toainga finalmente fija fecha para que la Fiscal General del Estado y otros rindan su versión en la investigación por Fraude Procesal que se lleva adelante por la detención inconstitucional e ilegal de Freddy Carrión», indicó en un tuit.

Se espera que la fiscal Salazar rinda su versión el viernes 14 de enero, a las 10:00. También están convocados: Mayra Soria, fiscal delegada; Freddy Carrión, exdefensor; Priscila Schettini, esposa y testigo presencial.

Esta última se pronunció sobre el caso. «Avanzamos en el proceso de Fraude Procesal contra la Fiscalía. Se llama a rendir versiones a la Fiscal General Diana Salazar y la Fiscal Mayra Soria presentaremos la prueba de forjamiento de documentos y la detención ilegal de Freddy Carrión».

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Proceso viciado

Schettini explicó a Radio La Calle que este proceso por fraude procesal no es reciente. «Hace un par de meses denunciamos, por fraude procesal, a la Fiscal Diana Salazar, por crear una falsa flagrancia con ayuda de partes policiales adulterados, en el caso de Fredy Carrión».

Agregó que las denuncias contra la fiscal Salazar son graves. “Se encontró en el expediente penal que la propia Diana Salazar falseó y forjó documentos”, expresó.

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