La legisladora Veloz detalló que el parlamentario Aguas respaldó tres juicios políticos impulsados por el oficialismo para postergar los procesos en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld; la ministra del Interior, Mónica Palencia; y el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo.

Enfatizó que el Gobierno de Daniel Noboa estaría aplicando la misma receta de sus antecesores Guillermo Lasso y Lenín Moreno con la »compra de conciencias». Además, alertó que podrían existir posibles bajas en la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento Construye.

La bancada empezó con 52 legisladores y ahora quedan 49, tomando en cuenta la renuncia de Ferdinan Álvarez meses atrás. No obstante, Veloz no descartó que existan más expulsiones, incluso, se rumora una posible desvinculación de la legisladora Marcela Holguín, un hipótesis que la RC no desmintió ni aclaró.

Las declaraciones de Aguas

Por su parte, Aguas manifestó que días atrás recibió una notificación del Comité de Ética de la RC5 debido a su votación en favor a la polémica Ley de Turismo impulsada por el Gobierno de Noboa.

El legislador justificó su voto y manifestó que el proyecto del Ejecutivo beneficiaría a las Islas Galápagos, de donde es oriundo. Además, expuso que mantiene diferencias considerables con miembros de la organización política y que plantean ofrecer candidaturas para asambleístas a »los mejores postores».

Del otro lado, hasta el momento el legislador Xavier Jurado no se ha pronunciado respecto a la decisión de la bancada. (AGM).

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Los funcionarios se encargaron de distribuir los formularios en los distintos cureles de sus respectivas bancadas. La solicitud requiere de un mínimo de 46 firmas de respaldo entre los 137 legisladores. En total se reunieron 59 firmas a favor del pedido de juicio.

Según Jahaira Urresta (UNES) el pedido de juicio contra Guillermo Lasso sería respaldado por al menos 60 firmas. Cifra que estuvo muy próxima al total obtenido. «Mayormente todos han firmado o en su totalidad los 47 legisladores«, afirmó Xavier Jurado, asambleísta de la bancada UNES, poco antes de presentarse oficalmente el pedido.

¿Cúales serán los próximos pasos?

Posteriormente, dicha solicitud será calificada y evaluada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). Asimismo, este ente requerirá un dictamen de admisibilidad otorgado por la Corte Constitucional (CC).

Viviana Veloz, quien presidió la Comisión ocasional sobre el caso ‘Encuentro’, en representación de UNES, Mireya Pazmiño (ex PK), Rodrigo Fajardo (ex ID) y Pedro Zapata (PSC), actuarán en calidad de proponentes.

«El presidente ha preferido proteger a su cuñado, a su familia y a sus amigos y ocultar una investigación que atacaba al narcotráfico albanés «, expresó Viviana Veloz, esta tarde ante los medios de comunicación.

Lasso es acusado por presuntas omisiones expuestas en una trama de corrupción en el sector público expuestos en el citado caso, también conocido como «El Gran Padrino».

JR

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Jurado comentó que junto con la Comisión de Transparencia realizó un seguimiento al proceso del censo que demostró las siguientes inconsistencias:

• La contratación de personal a destiempo;
• la falta de preparación;
• falsas credenciales;
• desabastecimiento de uniformes.

“¿Qué datos van a tener para el 2023 y dentro de 10 años? Se supone que el Estado se vale de estos datos para poder establecer políticas públicas”, precisó.

El asambleísta recalcó que este censo es muy costoso para el Ecuador, pues está valorado en USD 7 u USD 8 por persona, precio que para los institutos técnicos censales a nivel de Sudamérica es bastante costoso.

“Luego no les alcanza el dinero y se ven obligados a hacer un crédito a la Banca Internacional. Todo ese dinero se destina para el censo”, detalló.

Trampa de empleos

Jurado detalló que la principal falla del censo y de los datos erróneos que arroja es la “sobreoferta de empleos”. Irregularidad que evidenció cuando revisó la página del INEC y notaron que lo resultados de las encuestas no estaban ordenadas por año.

“De esta manera, el presidente considera que hay empleo suficiente y como no sabe la realidad de los ecuatorianos anuncia que crea una serie de vacantes. Si sobredimensionan el empleo cómo proponen políticas de empleo el otro año”, puntuó.

Debilidades del censo

El asambleísta precisó que una de las debilidades que posee el censo es la falta de campañas de difusión masiva para que la ciudadanía tenga en cuenta del proceso.

Según Jurado, esta difusión falló porque la contratación del sistema de comunicación fue de manera extemporánea. “Ya llevaban más de la mitad del trabajo y el censo todavía no tenía empresa de contratación y tenía irregularidades la contratación, igual que las máquinas para hacer credenciales”, expuso.

También mencionó que los ecuatorianos no confían en los censistas porque solicitan datos que no están permitidos, como la cédula de identidad.

“Esta información es peligrosa, puede convertirse en información válida para instrumento internacional, por ejemplo, para créditos con el Estado”, dijo.

Acciones de la Asamblea

La Comisión de Transparencia realizó un proceso de fiscalización que les permitió conocer de manera cercana lo que realmente pasa. Puntualizó que incluso el director del INEC, Jorge García, reveló que no hizo un “censo normal”.

Señaló que solicitaron que intervenga Contraloría, pues en el mal manejo de los recursos del Estado debe intervenir esta institución de manera inmediata.

Beneficio del Gobierno

Según el legislador, con este mecanismo el gobierno busca quedarse por dos años más o el tiempo que tenga estipulado. Recalcó que, lo preocupante de esta situación es tener un gobernante que no conozca como se maneja el espectro público.

“De aquí parte cuándo puede ser un problema no tener datos reales y cuando sí”, repitió. El parlamentario refirió que el mayor problema del Ecuador es que gobierno esconda las cifras. (N.J.C)

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