»Estamos identificando, por denuncias ciudadanas, a quienes se encuentran trabajando con estudios jurídicos y avisan con tiempo a quienes les saldrá una responsabilidad para ponerse a trabajar. Incluso reparten tarjetas de los estudios jurídicos», dijo en entrevista para Ecuavisa.

El titular de Contraloría reveló que, del 2019 al 2023, USD 4 mil millones en glosas no fueron cobradas debido a informes que no fueron calificados oportunamente y luego caducaron, otros exámenes solo desaparecieron. El caso ya está en manos de Fiscalía para determinar la responsabilidad de algunos funcionarios.

»A los exámenes los tenemos en físico y caducaron por diferentes motivos. (…) Hay informes aprobados a los 800 o 900 días, eso es una barbaridad. Hay otros exámenes que caducaron por tenerlos guardados», puntualizó.

La mano de los funcionarios

Asimismo señaló que existen sospechas de la implicación de algunos servidores en la desaparición de dichas glosas, pues habrían dejado que sobrepase el plazo de los 180 días para que caduquen. Sin embargo, enfatizó que otros casos relacionados al desvanecimiento de glosas ocurrieron por falta de personal.

Actualmente, 22 funcionarios ya fueron denunciados en Fiscalía, entre mandos medios de diferentes unidades y excontralores. (AGM).

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Torres sacó 87,5 puntos sobre 100 en el examen del concurso, sin embargo, luego de la recalificación subió 3,5 puntos más y llegó a los 91 puntos.

Según el portal de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senecyt), obtuvo el título de ingeniero comercial en la Universidad Nacional de Loja en el 2002 y en el 2012 se graduó de abogado en la misma entidad. En los títulos de cuarto nivel, tiene una maestría en Ciencias Internacionales en la Universidad Central del Ecuador (UCE) en el 2005.

Además, se graduó de doctor en Administración Pública en la Universidad Nacional del Litoral (Extranjero) en el 2023.

Su experiencia laboral

La hoja de vida presentada en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) detalla que trabajó en la Contraloría General del Estado como experto supervisor nacional de investigación, desarrollo y evaluación académica, y especialista técnico de capacitación.

Además, fue docente en la Universidad Central del Ecuador, Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN y Universidad Técnica Particular de Loja. También laboró como consultor en la Universidad de Loja y asesor parlamentario en la Asamblea Nacional.

Más datos

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, es accionista de Negocios Asociados Sudamericanos Nasud CIA. Ltda. Además, entre el 2007 y 2008 se desempeñó como gerente general de la misma empresa.

Entre 1999 y 2000 fue gerente de Servicios y Administración del Sur Seryadsur CIA. Ltda., y presidente de la misma entidad de 1999 y 2005. También fue accionista de la misma empresa, pero canceló la inscripción.

Las demoras en el proceso

El 14 de septiembre de 2023, un juez de Bucay ordenó al Cpccs suspender el concurso para Contralor y el 17 de ese mismo mes, el presidente de la comisión ciudadana de selección del nuevo Contralor, Marco Chalco, solicitó que se pause el proceso hasta que se resuelva una acción de protección interpuesta.

Luego de que la mesa terminara la recalificación de méritos y el examen escrito, el 1 de noviembre, Chalco llamó a 10 integrantes de la comisión a una reunión para elaborar el informe final que detalla el ganador del concurso.

Después de que el informe se apruebe, el Cpccs tiene dos días para la designación y deberá enviar el nombre a la Asamblea Nacional para la posesión oficial del nuevo Contralor.

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Esta medida será atendida el 17 de marzo de 2023. El exjefe de Estado y sus familiares formarían presuntamente parte del entramado de corrupción en Sinohydro, también conocido como Ina Papers.

En esta medida solicitaron la presencia del extitular del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), Xavier Torres por tener conocimiento de todos los procesos y desventajas de las personas con discapacidad. Además, participará un grupo de abogados con un amicus curiae.

El Tribunal de la CNJ llamó al juez Adrián Rojas para que conozca y explique la medida cautelar para Moreno y su cónyuge. La Fiscalía ordenó que Moreno y su esposa se presenten periódicamente a la Sala Penal de la Corte. Su primer llamado sería el 20 de marzo.

Moreno en la embarrada

Luego de dos años, finalmente, la Fiscal General Diana Salazar, acusó a Moreno, su esposa, una de sus hijas y 30 personas más por el caso Sinohydro. Según la autoridad, la familia del exmandatario habría recibido USD 660 mil en sobornos distribuidos de la siguiente manera.

Fiscalía presentó 225 elementos de convicción sobre el supuesto entramado de corrupción. El impulso fiscal sostiene que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

Sin embargo, Moreno aseguró que durante su cargo como vicepresidente del Ecuador solo estuvo a cargo del manejo de los sectores estratégicos, por lo que repitió que nunca mantuvo una relación con la empresa china.

No obstante, la fiscal Mayra Moreno sospecha que el exmandatario aprovechó su cargo para actuar como intermediario ante la Embajada China para favorecer a Sinohydro, según Radio Pichincha.

Le cancelaron la prisión preventiva

Moreno, a través de su cuenta de Twitter, agradeció que el juez haya desestimado la prisión preventiva que solicitó Fiscalía en un inicio. Además, tildó de «arbitrarias e inhumanas» las medidas de la entidad de control.

Según él, se buscaba irrespetar la legalidad, los derechos humanos y los principios constitucionales.

Mi hija se ganó el dinero pintando

Moreno aseguró que los USD 50 mil que habría recibido su hija fueron por un contrato que realizó con la familia Macías y no por los presuntos sobornos de los que se la acusa por el caso Sinohydro.

Mencionó que su hija firmó un contrato para retratar familiares en formato pequeño y grande. «Mi hija no pinta garabatos, mi hija pinta precioso. Los cuadros fueron entregados a Xavier Macías y a su esposa, y pagaron por ellos», comentó en Ecuavisa.

¿Se va o no a Paraguay?

El exjefe de Estado confirmó, el pasado 7 de marzo, que solicitaría asilo político a Paraguay. Según él, esta petición la realizaría por su condición médica y resaltó lo crítica que es su situación de salud, por lo que el maltrato de viajar en un avión puede perjudicar su estado.

Sin embargo, en otras declaraciones comentó que no pedirá asilo político en ese país, pues cooperará con la justicia. También, remarcó que le «gustaría» regresar a Ecuador y dar la cara ante estas acusaciones.

Pero todo es culpa de Correa…

Moreno responsabilizó al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas por la presunta red de corrupción en este caso de corrupción.

El exmandatario indicó que quien tomaba las decisiones en los contratos era Correa y quien se encargaba de los sectores estratégicos era Glas. El exmandatario se deslindó de todas las acusaciones que la Fiscalía General del Estado realizó en su contra.

«Todas mis transferencias, los pocos bienes que tengo hipotecados son investigados. Por esto me sorprende todo este entramado», refirió. (N.J.C)

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La Comisión del Derecho a la Salud, en oficio planteó cuestionamientos puntuales a Xavier Torres, de Conadis. La falta de control en la emisión de carnés y los pedidos de extensión, validez y caducidad de los documentos fueron los ejes del documento. Ante ello, Torres respondió ambiguamente. Una extensa lectura de la Constitución y la Ley Órganica de Consejos Nacionales para la Igualdad fueron la base de su discurso que tardó dos horas.

Sobre la corrupción en torno a los carnés de discapacidad, Torres se excusó diciendo que “los hechos irregulares denunciados en la calificación y acreditación de personas con discapacidad, no constituyen errores del CONADIS, sino delitos cometidos a título personal”. Así, el presidente del CONADIS se deslindó de responsabilidades para culpar a quienes acceden al documento.

Torres reconoció los problemas en la emisión de carnés, sin embargo, no los asumió como una responsabilidad del CONADIS. “Nos toca hacer de todo, ahí incomplementamente, pero es lo que nos toca hacer”, sostuvo Torres en defensa de sus insuficientes esfuerzos en la gestión pública.

Confrontaciones

Rosa Verdezoto, asambleísta del Partido Juntos Podemos, confrontó a Torres. Sostuvo que, en pretexto de los principios de confidencialidad, la Asamblea Nacional tiene impedimentos para cumplir su rol en la fiscalización del tema de los carnets de discapacidad.

Pablo Ruiz, veedor del proceso de investigación sobre los carnets de discapacidad, criticó las declaraciones de Torres. Según Ruiz, el CONADIS  no cumple con sus responsabilidades administrativas y pone trabas a las veedurías ciudadanas que, en ejercicio de un derecho legítimo de denuncia, intentan vigilar las irregularidades en la emisión de los carnets. “Por principio de transparencia, ustedes deberían retirarse, renunciar o dar un paso al costado” señaló Ruiz. (JBS)

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