La Comisión estuvo conformada por Sybel Martínez, Juan Carlos Solines y Xavier Zavala Egas. Ellos recogieron 519 testimonios de los cuáles 249 estaban relacionados con la vulneración de Derechos Humanos. De estos, 189 habrían sido perpetradas por personal de la Policía Nacional y 34 por personal de las Fuerzas Armadas. Asimismo, el Informe estableció que al menos 26 personas de entidades públicas, como la Fiscalía General del Estado, no actuaron conforme a sus competencias.

A esto se suman 123 violaciones al derecho a la integridad personal, 83 violaciones al derecho a la libertad personal, seis ejecuciones extrajudiciales. También 22 atentados contra el derecho a la vida, tres casos referentes a violencia sexual, 20 lesiones oculares. Además, hubo 81 personas que refirieron afectaciones psicológicas y 22 presuntos actos de persecución política.

Ante estas evidencias, el primer mandatario, la cúpula policial y militar no asume su responsabilidad y se lavan las manos aduciendo que actuaron en el marco de la ley y de forma profesional.

El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, también desestimó y tildó de sesgado al informe presentado por la Comisión de la Verdad. “Nosotros como Gobierno, ese informe creemos que es una versión probablemente sesgada. No recoge los hechos y que definitivamente no creemos que representa la realidad de lo sucedido en octubre de 2019”, dijo Martínez en su momento.

La versión de la Defensoría

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, asegura que en las protestas de octubre se cometieron al menos tres delitos de lesa humanidad. Él espera que la Fiscalía investigue estos hechos, identifique a los culpables y que los familiares de las víctimas reciban la respectiva reparación.

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