Abarca mencionó que la FGE no comprueba el peculado o la malversación de fondos en cuentas personales de los implicados o de sus familiares. Según la exsecretaria, las declaraciones que presentó el personal de la Contraloría General del Estado (FGE) «entra en muchas contradicciones«.

«Ellos no alcanzan a justificar porque se trata de temas técnicos (…) Lo que hay es una especie de conjeturas«, dijo en La Calle.

Agregó que el grupo de testigos y testimonios mencionó que las pruebas contratadas no fueron las que se entregaron a la capital. Sin embargo, justificó que ese personal no tenía la capacidad o competencia técnica para saber si correspondían o no al problema se salud que atravesaban. Recalcó que lo grave fue que la FGE no solicitó apoyo técnico para el análisis de las pruebas.

«Se puede demostrar que la ARCSA, quien da el permiso o aprobación de insumos y medicamentos, dio la certificación de que eran pruebas PCR», expuso.

Un proceso largo, largo

La exfuncionaria indicó que el proceso demoró más de tres años. En ese tiempo, la Fiscalía tomó a dos grupos de implicados; el primero donde entraban personas de la Secretaría de Salud y otro donde la involucran a ella, a su equipo – que ingresaron a la entidad en julio de 2020 – luego del proceso de contratación, y a Yunda.

Luego de la audiencia en 2020, se reinstaló el 1 de febrero de 2024, pero se suspendió por cuatro ocasiones y se retomó el 28 de febrero. Además, indicó que en su momento solicitó apoyo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para que haga una validación de las pruebas. No obstante, la entidad señaló que no tiene la competencia o validación necesaria para remitir un informe.

¿Cómo se repartieron las pruebas?

Abarca mencionó que la estrategia que tomó la administración – de ese entonces – fue realizar las pruebas a nivel comunitario y no a nivel hospitalario para detectar el nivel de contagio. Es decir, acudieron a los sectores populares donde acceder a una prueba PCR privada costaba entre USD 80 o USD 120. Las visitas a nivel comunitario contaban con brigadas comunitarias, médicos, psicólogos, entre otros, que acudían a las casas de las personas más vulnerables.

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El titular del artículo señala: “científicas ecuatorianas enfrentan largas penas en prisión en caso políticamente cargado por pruebas COVID-19″.

Los fiscales dicen que las pruebas utilizadas en Quito, durante los primeros cuatro meses de la pandemia, fueron insatisfactorias y debían devolverse. La bióloga molecular, Linda Guamán, y la científica de la salud pública, Ximena Abarca, de ser declaradas culpables podrían recibir sentencias de 10 a 13 años de prisión.

Autoridades universitarias respaldan a Guamán y Abarca

El caso esta lleno de connotaciones políticas, según afirman Abarca y Guamán.

Rectores de 20 universidades del país han firmado una carta en rechazo a las acusaciones hacia Guamán y piden que se haga “justicia imparcial”. Asimismo, la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas ha pedido “un ensayo que reconozca la evidencia científica libre de intereses politizados”

Abarca, exprofesora de la Universidad de las Américas y exviceministra de Salud del Gobierno, asumió la dirección de la Secretaría de Salud de la capital, en junio de 2020. Poco después de asumir el cargo, contrató a Guamán, entonces investigadora de la Universidad Tecnológica del Equinoccial, como asesora.

Caso pruebas COVID-19

El caso gira en torno a 100.000 pruebas de COVID-19 producidas por un fabricante surcoreano. El Municipio de Quito compró estás pruebas, a través de una empresa ecuatoriana, en abril de 2020, antes de que Abarca asumiera el cargo. La Fiscalía afirma que las pruebas, con un precio de USD 4,2 millones, de los cuales solo se pagaron USD 2,6 millones como anticipo, eran de baja calidad. Al momento 14 personas han sido procedas por malversación de fondos públicos.

Aunque Abarca y Guamán no participaron en la compra, el fiscal dice que una vez en el cargo ocultaron información que mostraba que las pruebas eran insatisfactorias. 

Esa afirmación se basa en el hecho de que las pruebas no utilizaban la tecnología de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), para amplificar el ARN viral, sino otro sistema llamado amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP). LAMP es mucho más rápido que la PCR porque no necesita ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento, pero tiene problemas para detectar niveles muy bajos de virus en una muestra.

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Quito 21 abr (La Calle).- La secretaria de Salud de Quito, Ximena Abarca Durán, afirmó que no hay posibilidad de aumentar la capacidad de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en la capital. Esta es su respuesta a quienes consideran que es posible ampliar la capacidad hospitalaria para los enfrentar los contagios por Covid-19.

«No es posible aumentar las camas de Unidades de Cuidados Intensivos. De ninguna manera podríamos tener tan apresuradamente personal médico con la especialidad y experticia que se necesita para el cuidado de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Para ello requieren al menos cuatro años de especialización, sin contar con el personal de enfermería preparado para pacientes Covid-19 y la tecnología adecuada», dijo.

«En primer lugar la vida»

La secretaria de Salud del Distrito Metropolitano afirmó que el único mecanismo para evitar los contagios por Covid-19 es el confinamiento. «Estoy consciente que el año anterior tuvimos muchos despidos en el confinamiento, pero como médica salubrista creo que es necesario anteponer los valores que tenemos respecto a la vida», indicó.

La profesional ratificó que la circulación de la nueva variante es más contagiosa y por ende produce mayor daño. «Cada vez hay más evidencias de que el virus viaja de forma aérea. Eso significa que las partículas permanecen más tiempo en el aire o moviéndose en las corrientes antes que en el suelo. Ya no podemos ir al ritmo de la ciudad», añadió.

Variante brasileña en Ecuador

De acuerdo a las últimas declaraciones de las autoridades con respecto a la variante brasileña, el paciente de 50 años de Zamora estuvo en contacto con personas provenientes de Brasil. Aparentemente el contagiado visitó Loja el 18 de marzo pasado donde se contagió.

«El paciente asistió a una fiesta con más de 60 personas y estamos estudiando el historial de cada una. Hasta el momento sabemos que tres de ellas provenían de Brasil. El 30 de marzo inicia con la sintomatología. Actualmente, se encuentra en el hospital del IESS de Loja en estado delicado. Los familiares no presentan síntomas, pero es nuestra responsabilidad asegurar a los medios que se trata de un cerco epidemiológico muy grande», sostuvo.

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“Estamos en una verdadera crisis sanitaria. Lo que recomendamos es que la ciudadanía tome las medidas de bioseguridad y el autoconfinamiento. Hago un llamado a las autoridades, es necesario disponer de instrumentos y normativas para la pandemia”, dijo Abarca.

La secretaria Abarca aseguró que Quito registró 111.174  casos confirmados de Covid-19, hasta la semana 14 de este año. Por su parte, el Ministerio de Salud reveló que son 114.404 ciudadanos infectados por el virus. Lo que más preocupa a las autoridades es el incremento de 4.000 casos en la última semana.

Existen 119  pacientes en espera por camas en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 57 personas en espera de camas generales. Abarca explicó que en la Corte Constitucional se ha reconocido la necesidad de crear una normativa respecto de cómo actuar frente a la pandemia. Estas medidas deberían empezar por cada gobierno local y después extenderse hasta el Gobierno nacional.

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La tarde de este lunes 15 de marzo, Fiscalía determinó estas medidas cautelares para Abarca y otras dos personas procesadas por presunto delito de peculado en la compra de pruebas PCR.

«Agradezco a mi familia Alma Lucía y Mateo Martinez a mi abogado defensor Nicolás Salas, a mis amigas, a los salubristas que luchan día a día contra la pandemia, a las organizaciones de mujeres, a Linda Guamán y al señor Alcalde Jorge Yunda por su solidaridad. ¡Libertad!», escribió la Secretaria de Salud en su Twitter.

Abarca también expresó su agradecimiento al defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago.

El pasado 12 de marzo, Ana Lucía Martínez Abarca, hija de Ximena Abarca expresó: “su estado de salud se está deteriorando; ella tiene una condición respiratoria que requiere manejo hospitalario, requiere de oxígeno y eso la Corte y la Fiscalía no lo han considerado».

Fiscalía abrió esta investigación en febrero de 2021. El pasado 16 de febrero, la Corte Provincial dictó medidas cautelares para Ximena Abarca y otras seis personas por presunto delito de peculado en la compra de pruebas PCR para Covid-19.

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Hoy a las 16h00, Nicolás Salas, abogado de Ximena Abarca presentará un recurso de apelación de las medidas sustitutivas vigentes. El abogado explicó que otras personas procesadas en este caso tienen medidas cautelares distintas: grillete electrónico, prohibición de salida del país y presentación periódica.

«¿Por qué en el caso de Ximena Abarca a los jueces les son insuficientes estas medidas frente a la prisión preventiva? Lo que solicitamos es justicia y la defensa en libertad», dijo el abogado.

Para Ana Lucía, las juezas buscan presionar y forzar a Abarca a quebrarse en sus condiciones. «Queremos decires de manera clara, directa y tajante, señora Fiscal Diana Salazar, señora Fiscal Ruth Amoroso ¡no lo van a lograr!”, dijo emotiva Martínez.

El caso que está en indagación

El Municipio de Quito y la Secretaría de Salud compraron las pruebas PCR para Covid-19 a inicios de la pandemia, cuando Lenín Mantilla era el secretario de Salud. El 13 de junio de 2020, Abarca ingresó a esta dependencia del Municipio para hacerse cargo.

«Desde entonces hasta el día de hoy Ximena no ha ordenado ni ha pedido el pago de un solo centavo del dinero de los quiteños, ¿entonces dónde está el perjuicio?», cuestionó Salas

Fiscalía ha manejado distintas medidas en el caso, lo que atenta al derecho a la defensa. Cuando Fiscalía inició el proceso penal, manejaba la teoría de un supuesto sobreprecio, después dijeron que las pruebas son «chimbas». Ahora, para la vinculación de Ximena Abarca, dictan que tuvo que dar por terminado el proceso de compra de manera obligatoria y no por mutuo consentimiento, explicó el Dr. Salas.

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«De manera escandalosa, tres juezas negaron hoy el habeas corpus interpuesto por el Dr. @freddcarrion de @DEFENSORIAEC. Esto a pesar de que se demostró mi enfermedad respiratoria crónica, soy de la 3era edad y que la prisión pone en riesgo mi vida. Esto es persecución política clara», expresó Abarca en Twitter.

La Defensoría del Pueblo interpuso el habeas corpus a favor de la Secretaria de Salud, pero el pedido fue negado. «Las juezas de la Corte Provincial de Pichincha no lo analizan desde el punto de vista constitucional, se limitan al tema legalista «, señaló el Dr. Freddy Carrión Intriago, Defensor del Pueblo.

Intriago aseguró que las juezas no determinaron los argumentos por los cuales aseguran que la doctora Abarca corre el riesgo de fugar y no comparecer al proceso.

El pasado 16 de febrero, la Corte Provincial dictó medidas cautelares para Ximena Abarca y otras seis personas por presunto delito de peculado en la compra de pruebas PCR para Covid-19.

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