«La Universidad Yachay Tech no tiene relación con el proyecto de inversión (SIEMBRA EP). Yachay Tech de hecho se ha institucionalizado a finales del 2022″, reiteró Montalvo, al ser consultada sobre el futuro de la universidad con sede en el cantón de Urcuquí, Imbabura.

«Con cerca ya de 1500 estudiantes vamos a seguir trabajando para que esta universidad se fortalezca y cumpla con las expectativas de toda su comunidad, el territorio, en cuanto a investigación, docencia y vinculación», explicó la funcionaria de la Senescyt.

¿Qué busca el gobierno del Lasso con el cierre del proyecto SIEMBRA EP?

SIEMBRA EP, conocida anteriormente como YACHAY EP, fue creada en el gobierno de Rafael Correa, y administraba la denominada Ciudad del Conocimiento. Pero, su sucesor Lenín Moreno tomó la decisión de liquidar esa empresa pública en 2020. No obstante, será el gobierno de Guillermo Lasso el que efectue los últimos pasos del cierre de dicha empresa (mediante decreto 639).

Según Montalvo el proceso inicial (de liquidación) no se hace de forma adecuada y no se concreta. Después, en mayo de 2021, se emite una escritura pública en la que se transfieren los activos y pasivos de SIEMBRA EP a Senescyt. Pero, «no se trasfieren los derechos para proceder con las recomendaciones de Contraloría para poder patrocinar juicios y litigios pendientes a solucionar; y administar los contratos, como los bienes muebles y bienes inmuebles«, afirmó Montalvo.

La funcionaria argumentó que con el decreto ejecutivo se otorgarán las competencias a Senescyt para que se haga un adecuado cierre definitivo de la empresa pública.

«El decreto nos permite evidenciar, tomar la información que no hemos podido hasta el momento. Esto debido a que no teníamos derecho (tan solo sobre los bienes) y poder informar a la ciudadanía tanto el gasto corriente que se que se había ejecutado durante los últimos años, lo que no se pudo pagar. pero también cuál es el valor que tienen esos bienes muebles, esos bienes de inmuebles, que ni siquiera están inventariados», añadió Montalvo.

En marzo del 2013 se creó la empresa pública con el objetivo de desarrollar las actividades económicas relacionadas a la administración de la Ciudad del Conocimiento, según el decreto de creación.

¿Cuánto dinero se gastó en Siembra EP?

La representante de Senescyt fue consultada especificamente por las cifras destinadas a SIEMBRA EP y la Ciudad del Conocimiento. Sin embargo, no supo responder con datos cuantitativos y optó por mencionar que el proyecto fue crear un ecosistema de innovación pero realmente eso no pasó.

«Al Ecuador le hace falta un modelo de investigación, desarrollo e Innovación (…) lo que trabajaremos en este gobierno. (…) No hemos madurado en cuanto a innovación en el país: por esta razón y por este tipo de proyectos de inversión, que no hemos visto un resultado con indicadores de endimiento que nos permitan ver que eso haya sucedido«, concluyó Andrea Montalvo.

JR

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«Autorizar a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) realizar las acciones administrativas, legales (entre otras) para ejecutar todo lo inherente a Siembra EP y el Proyecto Ciudad del Conocimiento para su baja y cierre», reza el decreto del 6 de enero de 2023.

Según el régimen, hay un excesivo gasto corriente en la manutención de las instituciones. Sin embargo, en ninguna parte del decreto se menciona a la Universidad Yachay Tech, la cual sigue funcionando normal.

El Gobierno del expresidente Rafael Correa creó el proyecto «La Ciudad del Conocimiento». El objetivo fue construir un centro de innovación tecnológica que coopere con Yachay.

En 2020, el expresidente Lenín Moreno declaró el proyecto inviable. En su lugar, creó la Empresa Pública Siembra para que sustituya a Yachay. En 2021, su régimen inició con la liquidación de la institución y, ahora, el Gobierno de Guillermo Lasso le puso fin. Argumentó que el proceso no avanzó y dictó su cierre definitivo.

¿Y los bienes?

La Senescyt deberá precautelar la propiedad de los bienes pertenecientes a Yachay. El decreto también contempla las propiedades en arriendo.

Además, está autorizada para administrar la Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE Yachay) hasta el cierre y liquidación.

Finalmente, la Secretaría realizará informes para el traslado de los bienes muebles e inmuebles, las competencias y atribuciones hacia otras instituciones del Poder Ejecutivo.

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“El 27 de febrero la señora asambleísta me difama como atracador del Estado por la supuesta compra de un vehículo por un valor de USD 120.000. Nada más alejado de la verdad”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Rodríguez recalcó que la asambleísta abusó de su poder mediante la inmunidad parlamentaria y afectó a su reputación profesional y personal.

“Ningún ciudadano, por más que sea un asambleísta, se puede esconder detrás de una curul para difamar, calumniar e injuriar y para destruir el prestigio profesional de un ciudadano cualquiera”, afirmó el exgerente.

Además, comentó que ya interpuso la demanda ante los juzgados correspondientes y solicitó que se pronuncie la justicia ecuatoriana a favor o en contra de esta denuncia.

“Siguiendo el artículo 128 de la Constitución la señora Cordero tiene que despojarse de la inmunidad parlamentaria”, aseveró Rodríguez.

El exgerente sostuvo que la denuncia realizada por Cordero no tenía fundamentos e incluso era una denuncia mal redactada.

“El día de ayer en un medio de comunicación ella decía no se ha fijado en el contrato, que se ha fijado en el asiento contable. Ni en eso se fijaron porque el asiento contable en el 2016 señala el valor depreciado a 3 años de los vehículos que se compraron”, expresó Rodríguez.

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Según él explica, la Contraloría no ha demostrado sus acusaciones por falta de argumentos técnicos, jurídicos, ‘ignorancia y mala fe’. Añade que sustentó su defensa con todas las pruebas de descargo. Por otra parte, el asambleísta que preside la comisión de Fiscalización del Legislativo, Fernando Villavicencio, pidió se sancione al juez que pidió autorización al Pleno para llevar a cabo el juicio por contra Cordero por difamación y deshonra.

A ello se suman las declaraciones de la legisladora por CREO, donde amenaza a Rodríguez diciéndole que «no tiene ningún problema en llegar hasta las últimas instancias del proceso». Que con ello, es motivada a continuar con la segunda parte del informe de Yachay: ‘las subcontrataciones’.

Rodríguez denunció a la asambleísta Cordero por expresiones emitidas en ese informe, realizado por la Comisión de Fiscalización sobre las universidades emblemáticas del país. Luego, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdova, solicitó a la Asamblea Nacional que se levante la inmunidad legislativa de Cordero para iniciar el trámite judicial.

Juez de la Corte Nacional solicita autorización para enjuiciar a la asambleísta Ana Belén…

Esta denuncia estaría enmarcada en el artículo 396, numeral uno del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y trata de las contravenciones de cuarta clase, cuya sanción es de 15 a 30 días de pena privativa de libertad. De quien, por cualquier, medio emita expresiones en descrédito en contra de otra persona.

¿Cómo continúa la denuncia?

La denuncia pasó en un principio por manos de una jueza de Pichincha que se abstuvo de darle continuidad. Alegó que la denunciada goza de fuero de Corte Nacional, al ser asambleísta. Sin embargo, Córdova aseguró que el proceso se da en virtud que la persona denunciada posee la dignidad de asambleísta nacional.

Hecho que lo conduce a garantizar el debido proceso y llevar a cabo el trámite correspondiente. Bajo el artículo 128 de la Constitución y 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Asamblea cuenta con 30 días para responder al pedido, de no ser así, la autorización se considera concedida.

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“Un año de estudios en una de las universidades particulares más caras de Quito cuesta alrededor de USD 10.000. El Estado invierte USD 7.000 por año en cada estudiante de Medicina que cursa en las universidades públicas. En Yachay, la Universidad del Conocimiento inaugurada en 2014, por cada uno de los estudiantes matriculados el Estado invirtió USD 301.500”, dice un reportaje de revista Vistazo.

De acuerdo con este reportaje, los USD 602 millones es el presupuesto invertido durante seis años en Yachay, según el informe de Cordero que no tuvo el apoyo de toda la Comisión a la que pertenece. “A pesar de que el documento es el resultado de ocho meses de trabajo, no tuvo el aval de toda la Comisión. ¿Explicaciones? La nueva mayoría de la fanesca socialcristiana, correísta y el ala resabiada de Pachakutik no validó el documento final”.

El presupuesto

Sobre esta información han reaccionado la asambleísta Pamela Aguirre y el expresidente Rafael Correa. Aguirre dijo que ese no es el presupuesto real. “Jamás se invirtieron 602M en la Universidad. El presupuesto EJECUTADO de la Universidad oscila entre 5M y 18M. El presupuesto EJECUTADO de la Ciudad del Conocimiento fue de 240M. Incluye escuela, colegio, salud, vías, etc. Todo en funcionamiento”.

Según la Coordinación Administrativa Financiera de Yachay, el presupuesto para la Universidad que se ejecutó oscila entre los USD 18 y 5 millones. Entre 2014 y 2021 se habrían gastado USD 80 millones de presupuesto para la Universidad.

La legisladora expresó que había solicitado a revista Vistazo el derecho a la réplica y que no lo consiguió. “La verdad sobre el presupuesto fue demostrada en la Comisión de Fiscalización, por eso NO SE APROBÓ el informe de Cordero. Atenta contra la verdad, publicar información que no tiene el sustento de la Comisión ni de la Asamblea”.

Aguirre también se pronunció sobre los bienes de Yachay. “Entre las mentiras del “publireportaje”, se dice que los bienes de Yachay no tienen propiedad. FALSO.La propiedad ESTÁ en manos de la Senescyt. La prueba, es que el 22 de marzo de 2022, Alejandro Ribadeneira suscribió el acta de uso de varios edificios.¿Cómo lo hizo si no tienen la propiedad?”, añadió. MIB

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“¿Usted cree que a la mayoría de gente que está en esto le importa Yachay? Yo estoy convencido que no. No les importa. A veces me da la impresión de que no les importa ni a unos ni a otros, de que es simplemente una especie de campo de disputa política. A mí si me duele porque yo trabajo en educación superior y entiendo perfectamente que el proyecto puede ser potenciado si, efectivamente, se logra reorientar algunas decisiones y algunas cosas en lugar de seguir en esa disputa”, sostuvo en entrevista con Radio La Calle.

Para Barrera, Yachay debería convertirse en una universidad de doctorado, vinculada a proyectos de investigación. Sostiene que así fue concebido inicialmente. “Hay que darle condiciones para que tanto los profesores como los alumnos que están ahí tengan posibilidad de desarrollar proyectos. Hay que generar un régimen adecuado para que toda la inversión que se ha hecho no quede desperdiciada”, sostuvo.

El académico insistió en que es necesario tomar decisiones sobre temas de infraestructura, no obstante, cuestionó que esto no se hace porque “resulta más rentable que eso este así, porque a partir de eso se puede construir una lógica política”

En este sentido hizo un llamado para pulir el proyecto de la Ciudad del Conocimiento y, fundamentalmente, de la universidad.

“Colocar un proyecto educativo de esa magnitud como una especie de objeto de disputa política me parece absolutamente perverso, venga del lado que venga (…) Esas no son cosas de propiedad de nadie, no es de quien provisionalmente puede tener funciones, estas cosas son de la ciudadanía, son hechos con recursos de la ciudadanía, y en la medida que atienden derechos fundamentales, evidentemente deben ser protegidos, preservados y optimizados”, enfatizó.

¿Qué hacer con Yachay?

Augusto Barrera sostiene que hay que trabajar carreras de cuarto nivel, maestrías y fundamentalmente doctorados. Asimismo, dice que hay que evitar los errores conceptuales. “Es decir, si usted es la mejor alumna de periodismo de una universidad, yo como autoridad no puedo utilizar su capacidad, su esfuerzo, para reivindicar una institución políticamente. Que ahí existan extraordinarios profesores y estudiantes es una maravilla. Eso es parte de su esfuerzo. Yo a eso no le puedo dar un uso político, como tampoco puedo contraponer eso a lo que hace la Central, o a lo que hace la Politécnica (…) Es decir, no podemos decir que todo el demás sistema universitario es pésimo, mediocre y que solamente la excelencia está ahí. Ese es un error fatal, porque Yachay como todo el resto de Universidades, debe ser parte de un sistema de Educación Superior de Investigación y de Innovación que empuje al país”, explicó.

Respuesta a las declaraciones de Pamela Aguirre

Antes de votar el informe sobre las universidades emblemáticas, que fue rechazado, el pasado 22 de febrero, la asambleísta Pamela Aguirre de UNES dijo que desde el 2017 en adelante, con Lenin Moreno, se empeñaron en destruir todo lo que construyó la Revolución Ciudadana y que, a través de sus ministros, entre ellos, Augusto Barrera, decidieron paralizar una serie de construcciones y dejar el proyecto a medio camino. “Coartaron la posibilidad de seguir creciendo”, insistió Aguirre en una rueda de prensa.

Ante estas declaraciones, Barrera aclaró que fue secretario de Senescyt entre mayo del 2017 y agosto del 2018, y que ese periodo es su responsabilidad. Aseguró que tanto la universidad como la empresa pública tienen un régimen de gobierno y de responsabilidad diferentes.

“Cuando yo asumí las funciones de secretario (…) lo primero que recibí como secretario de la Senescyt fue insistentes, dramáticos pedidos, básicamente del rector, de los profesores y fundamentalmente de los estudiantes en relación a las condiciones terribles en las cuales ellos estaban recibiendo en ese momento su actividad. Es decir, había más o menos cerca de 1.000 estudiantes, pero teníamos un problema gravísimo. Y es que en la práctica esos 1.000 y pico de estudiantes tenían algo más de 12 aulas y cuatro laboratorios. Y, por lo tanto, tenían que recibir clases en las aulas del Instituto Superior Tecnológico, que no son de la universidad y que es una institución que queda ahí cerca. De hecho se utilizaban aulas de ese instituto. Entonces, cuando yo asumí la responsabilidad, evidentemente había un problema enorme y yo tengo los sustentos de las cartas de que era inviable mantenerse así”, contó.

Asimismo, enfatizó en que había edificios que estuvieron abandonados dos años antes de que iniciara su gestión. De igual forma dijo que fue después de su salida cuando se convirtió a Yachay en una especie de apéndice de Senescyt y después en la empresa. “Mientras yo estuve, lo que estábamos haciendo es consolidar, fortalecer y darle viabilidad al proyecto. La decisión que me parece absolutamente absurda de mezclar todo y de trasladar los bienes es una decisión que se toma dos años después”, aseveró.

“Para mí era importante precisar estar cosas. Hay la documentación y mi afán no es politizar. Insisto, mi mensaje central es que tenemos que ir más allá. Tenemos que precautelar los elementos fundamentales y evitar que Yachay se convierte en una especie de botín de disputa política (..) Es increíble, todos estamos discutiendo eso y pregunten cuantos cupos hemos abierto o si los famosos cambios a la Educación Superior se han cumplido, el ofrecimiento de que ahora todo el mundo puede entrar a la universidad”, cuestionó.

Barrera reiteró que Yachay no le pertenece a algún gobierno o a alguna persona.  “Por favor, dejemos de pensar así. El primer esfuerzo es comenzar a tratar esto por fuera de la polarización que lo único que hace es eso, convertir a Yachay en un pretexto del debate político, de la persecución, del encubrimiento o de la pelea política. Ojalá esto permita que salga de ese espacio, y pueda ser pensado de una manera diferente”, sentenció

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«A China fuimos 10 personas. Antes veía volar dos aviones para llevar delegaciones de 100 o 200 personas, a costa del pueblo ecuatoriano. Yachay no tenía que pagar eso y lo pagaba y hoy no hay activos. Se han despilfarado cerca de 1.000 millones de dólares solo en ese proyecto», sostuvo.

Lasso aseguró que harán los esfuerzos para que exista la univeridad pero redimensionando el proyecto y siendo muy austeros en la administración.

El oficialismo en la Asamblea contra Yachay

El legislador por UNES, José Agualsaca Guamán, denunció que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, liderada por Fernando Villavicencio, impulsa la destrucción de la Universidad Pública Yachay «con informes maliciosos».

Según el informe realizado por la oficialista Ana Belén Cordero, Yachay tuvo una inversión de más de USD 600 mil millones que «no se justifican por la poca cantidad de graduados, matriculados y en nivelación».

También menciona que solo se han utilizado 382 hectáreas de las más de 4 mil planteadas en un inicio. El documento dice que más de 1.500 ha. productivas se encuentran abandonadas y otras 600 están siendo arrendadas.

Según Lasso, fueron 1.200 millones en inversión, pero hoy solo hay activos tangibles reales por 200 millones de dólares.

¿Qué paso con Yachay?

En 2020, el gobierno de Lenín Moreno redujo drásticamente los recursos destinados a la educación superior pública. En este recorte presupuestario estaba incluida, entre otras universidades públicas, Yachay Tech.

Los recortes impidieron que muchas mas personas accedieran a la educación superior en Yachay y otras universidades del país. Profesores y personal técnico fue despedido durante la pandemia, por lo que, las falencias se suscitaron vertiginosamente en estas instituciones.

Actualmente, el gobierno de Guillermo Lasso recortó todavía más los presupuestos, lo que ocasionó reducción de becas y fondos de investigación. Por ello, muchas labores administrativas o de mantenimiento han funcionado deficientemente en los últimos años. Este informe, de acuerdo a varios analistas, «tiene mala fe» y pretende dar excusas para clausurar o privatizar la institución.

¿Cuál es la intención del informe?

El informe también muestra 83 glosas por USD 202 millones a autoridades y contratistas. Dentro de estas empresas hay algunas chinas como CEIEC, Gezhouba y Conecuakor.

Agualsaca expresa que «al igual que Moreno, la consigna de Lasso es desprestigiar y acabar con los logros de la Revolución Ciudadana».

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Quito, 21 sep (La Calle).- La Universidad Yachay Tech tenía la capacidad de albergar a 10.000 estudiantes de postgrado y maestrías.

Héctor Rodríguez, experto en innovación y exgerente de la universidad, señaló que no existe un déficit de aulas en la institución, tal como lo indicó a la Asamblea Nacional el actual rector José María Lalama.

Además, Rodriguez acusó a Lalama de no cumplir ni con el 30% de los requisitos establecidos en el decreto 247, en el que se especifican los requisitos para ocupar el cargo de rector. Dentro de ese marco se refirió a las declaraciones dadas por Lalama, en el sentido de que «Yachay se construyó en el país equivocado».

«Yachay necesitaba 35 años para dar resultados, pero en 4 años se le exigió como si fuera Harvard. Además, añadió que desde 2015 ha sufrido recortes presupuestarios que han afectado al avance el proyecto Yachay».

Sobreprecios

El contrato para la construcción de los edificios en Yachay fue firmado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Además, según informes e investigaciones realizadas por la Contraloría General del Estado no existió sobreprecios en la construcción de infraestructura.

La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay es el eje de un reportaje realizado por La Posta. El reportaje titulado «Safari del Elefantes Blancos» aludiendo que la inversión por alumno e infraestructura no se usaron apropiadamente. Varios estudiantes en redes respondieron indignados que no se graduaron en medio de corrupción.

Durante los gobiernos de Moreno y Lasso se dijo que la infraestructura de Yachay es obsoleta, y que sería más fácil destruir esos edificios y construir nuevos. A lo que Rodríguez recalcó que aquello no es cierto, pues según informes de Contraloría, los edificios no presentan daños de consideración.

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Tráfico de influencias

«En la Corporación Financiera Nacional hay una empresa con un crédito de USD 75 millones que no paga el capital solo los intereses. Ahí está la desigualdad que se construye sobre la base de las influencias. […] No puede ser que un banco público financie al equipo de fútbol favorito del presidente de la época», dijo en la presentación del Plan de Educación Técnica-Profesional.

Anadió que “tenemos que luchar contra la inequidad y eso es luchar contra el tráfico de influencias: el clientelismo político. Para evitar que los recursos se vayan a lugares que no corresponden. El dinero público es dinero de todos los ecuatorianos y debe servir al bien común, no al interés particular de un par de políticos o empresarios que llegaron al poder para asaltar los bienes públicos”.

Yachay

“Se gastaron USD 1.250 millones y hoy lo que queda es un conjunto de activos cuyo valor no pasa de USD 250 millones. ¿A dónde se fueron los otros USD 1.000 millones? ¿Dónde estuvo la Contraloría General del Estado para advertir a los ecuatorianos que se estaban gastando USD 1.000 millones?»

De acuerdo con el Presidente, “ese dinero se lo manejó como caja chica de los viajes presidenciales del mandatario de aquella época. Esto no puede continuar. Imagínense lo que hubiera sido USD 1.000 millones en la lucha contra la desnutrición crónica infantil”.

«USD 1.000 millones perdidos en Yachay. La Contraloría no nos ha dicho nada. No hay un solo documento y no se puede actuar», sentenció.

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“Hemos demostrado que Yachay es inversión social y que existe una propuesta técnica para la sostenibilidad de la empresa. Sin embargo, el Directorio de la empresa no dio paso a la ejecución de los acuerdos asociativos para proyectos productivos, lo que representaba trabajo y desarrollo para el cantón, la provincia y el país”, señaló la presidenta del Frente de Defensa Urcuquí Nuevo Futuro, Doris Quimbiamba.

Los habitantes de Tapiapamba, El Puente, Las Mercedes, Santa Rosa, San Vicente, Armas Tola y San Antonio protestan en las inmediaciones de la empresa. Los excolaboradores esperan que las autoridades de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO-EP), la Senescyt y Siembra EP den una solución al pedido de diálogo realizado desde hace tres meses.

Demandas desde las comunidades

Las organizaciones sociales exigen al liquidador de Yachay que solucione la entrega de indemnizaciones a ex-trabajadores de la empresa. Además demandan a la Senescyt, la eliminación de la lista de personal para laborar desde la Coordinación Zonal. “Pelearemos para que se priorice a la mano de obra local tal como se acordó en el 2012”, añadió la dirigente.

El viernes 2 de Octubre se realizó una rueda de prensa en Ibarra con varias autoridades provinciales y miembros de la Cuidad Yachay. Después de un encuentro sin respuestas, Quimbiamba responsabilizó directamente al Gobierno Nacional por la salud de los manifestantes. En este marco, la representante dijo que «están cansados de esperar una respuesta concreta para que se atiendan demandas legítimas». (GG)

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