Según el comunicado emitido por ADN, la bancada asegura que no permitirá que la Asamblea Nacional sea «cómplice de la impunidad y la corrupción». La solicitud de juicio político se basa en los chats revelados por la Fiscalía General del Estado (FGE), en los que se evidenciaría que los exconsejeros habrían actuado bajo intereses políticos en la designación de autoridades de control, como la Superintendencia de Bancos.

«Los chats del exconsejero Augusto Verduga muestran un claro contubernio que sometió a la República del Ecuador a un impresentable show político, afectando gravemente la institucionalidad del Estado», señaló la bancada en su comunicado.

Contexto

La investigación de Fiscalía inició en enero del 2025 con el allanamiento a las instalaciones del CPCCS, en Quito, en donde una fiscal decomisó a la fuerza el celular de Verduga. A vísperas de las Elecciones 2025, el oficialismo sumó una denuncia al órgano judicial por la misma causa y emprendió acciones de fiscalización en la Comisión de Seguridad, presidida por la legisladora de ADN, Inés Alarcón.

“Hay pruebas contundentes de que han falsificado evidencias para incriminarme. Muchos de los chats que presentan son montajes descarados”, señaló el exconsejero Augusto Verduga ante las acusaciones en su contra.

https://twitter.com/VerdugaAugusto/status/1902888023114780934

La entrada Bancada oficialista impulsa juicio político contra exconsejeros de Cpccs se publicó primero en La Calle.

La Fiscalía afirmó que los cuatro acusados están vinculados con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Tres de ellos ejercieron como exconsejeros relacionados con el correísmo, mientras que la cuarta ocupa actualmente el cargo de consejera. De acuerdo con la acusación, su intención era alcanzar, junto a una organización política, el control del sistema financiero y de justicia en Ecuador.

Desde el 15 de marzo, la Fiscalía investiga penalmente a los exconsejeros de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor. También procesa a la actual integrante del CPCCS, Nicole Bonifaz, por el delito de asociación ilícita.

Según la acusación del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, el expediente revelaría una planificación y ejecución de estrategias ilícitas. El objetivo de estas acciones habría sido tomar el control de la institucionalidad del Estado.

¿Intento de control del sistema financiero?

Los procesados intentaron influir en el sistema financiero al incumplir la sentencia 372-23-EP-24 de la Corte Constitucional (CC) para designar a un Superintendente de Bancos afín a sus intereses, según señaló la Fiscalía. El exconsejero Augusto Verduga habría promovido este nombramiento, de acuerdo con el fiscal general subrogante, Wilson Toainga.

Durante una sesión del CPCCS el 22 de enero de 2025, Verduga propuso tomar en cuenta una resolución constitucional que declaraba la vulneración de derechos de Raúl González. Este último no pudo asumir el cargo de superintendente de Bancos en 2022. A pesar de que la sentencia no afectaba nuevos procesos de selección, Nicole Bonifaz, Eduardo Franco, Yadira Saltos y Augusto Verduga aprobaron la moción con sus votos.

Como resultado, la posesión de Roberto Romero, designado legalmente para el cargo en 2024, fue postergada. En su lugar, se solicitó a la Asamblea Nacional la posesión inmediata de Raúl González, en abierta contradicción con la decisión de la Corte Constitucional.

Fiscalía investiga presunto intento de control en el Consejo de la Judicatura

Durante la formulación de cargos del caso Liga2, la Fiscalía señaló que el sistema financiero no fue el único ámbito que los procesados intentaron controlar. Según el fiscal subrogante Wilson Toainga, estas personas habrían actuado en coordinación con miembros del movimiento Revolución Ciudadana (RC5) para influir en la designación de vocales del Consejo de la Judicatura (CJ).

De acuerdo con la investigación, este presunto control se habría ejecutado mediante gestiones con personal de la Asamblea Nacional y funcionarios de la Defensoría Pública, cuyas posturas ideológicas coincidían con las del correísmo. La Fiscalía sostiene que existen conversaciones en las que el exconsejero Augusto Verduga habría coordinado con miembros del CPCCS y de RC5 para retrasar el concurso del Consejo de la Judicatura con la intención de que, en caso de ganar las elecciones presidenciales, el Gobierno de Luisa González enviara la terna correspondiente.

Para concretar este plan, se habrían planteado medidas cautelares y tráfico de influencias, según Toainga. La Fiscalía indicó que los hechos evidencian la existencia de una asociación ilícita que buscaba el control del Estado, comprometiendo la imparcialidad en la selección de autoridades, responsabilidad del CPCCS.

Evidencias y formulación de cargos

Según la Fiscalía, dentro de la investigación se revelan conversaciones que muestran cómo el exconsejero Augusto Verduga recibía y gestionaba hojas de vida, actos notariales y carpetas de posibles candidatos para las ternas. Estos documentos habrían sido enviados desde la Asamblea Nacional y la Defensoría Pública, con el respaldo de personal del CPCCS y miembros del movimiento Revolución Ciudadana. Para la Fiscalía, esto demuestra una clara intención de actuar en contra de la Constitución y la ley.

Durante la audiencia, el fiscal Toainga presentó los elementos de convicción que sustentan la acusación contra los cuatro implicados, lo que permitió fundamentar el pedido de una instrucción fiscal. Tras casi ocho horas de audiencia, el conjuez Aguirre ordenó el inicio de una instrucción fiscal por 90 días y dictó medidas cautelares contra los procesados, como la presentación periódica ante la autoridad y la prohibición de salida del país.

Los cargos formulados corresponden al artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) bajo la figura de asociación ilícita. La Fiscalía recalca que el grado de participación de los acusados es en calidad de autores directos.

¿Qué dice Augusto Verduga?

El exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga, procesado en el caso Liga2, se pronunció a través de su cuenta en X con un extenso texto de nueve párrafos, en el que expresó su postura sobre el proceso judicial en su contra y denunció lo que considera una persecución política.

Verduga señaló que «la narración de los poderosos se hace oír sin pudor, sin rubor, mientras que los verdaderos problemas de la gente quedan enterrados en la miseria de la manipulación mediática». Además, aseguró que «mi único ‘delito’ ha sido desafiar al poder más monstruoso que hemos tenido en este país: la banca privada», criticando el rol del sistema financiero en la economía del país.

El exconsejero afirmó que «la persecución que estamos viviendo no es solo política; es un ataque brutal a nuestra esencia, a nuestra lucha, a nuestras ideas. Es una campaña de estigmatización diseñada con un solo fin: silenciar a aquellos que no se someten, a aquellos que cuestionan el orden corrupto que ha caracterizado a este Gobierno y sus dos antecesores».

También mencionó que «este ciclo de destrucción está por llegar a su fin», mostrando su convicción de que la situación actual cambiará. Finalmente, en su mensaje, sostuvo que «ya basta de la continuidad oscura de un proyecto que, bajo las administraciones de Moreno, Lasso y Noboa, ha llevado al Ecuador a la ruina. No cabe duda: el pueblo está despierto, el país está cansado de este juego sucio y pronto veremos el amanecer de una nueva etapa para nuestra sufrida Patria».

IF

La entrada Crisis política y judicial: Fiscalía acusa y Augusto Verduga responde denunciando persecución se publicó primero en La Calle.

La entidad, a través del fiscal subrogante Wilson Toainga, solicitó al magistrado la prohibición de salida del país y la presentación periódica para los exconsejeros del Cpccs, Augusto Verduga, Yadira Saltos y la consejera Nicole Bonifaz. Para el exvocal Eduardo Franco Loor, quien se conectó a la audiencia desde un centro médico, pidió arresto domiciliario y uso de grillete electrónico.

Según la Fiscalía, los procesados habrían intentado controlar los poderes del Estado desde el Cpccs, favoreciendo a un movimiento político. Durante la audiencia, celebrada el 15 de marzo en Quito, el juez acogió parcialmente las solicitudes de la Fiscalía, dictando la medida de prohibición de salida del país para los cuatro implicados.

Detalles de la audiencia

Los exfuncionarios participaron en la audiencia de manera telemática. Eduardo Franco Loor compareció desde una casa de salud en Guayaquil, donde se lo observó en una camilla y vistiendo una bata médica. Franco Loor permanece bajo custodia policial luego de que Estados Unidos le negara el ingreso al país, según su defensa, por motivos ajenos a su conocimiento.

Todos enfrentan cargos por supuesta asociación ilícita, usurpación de funciones e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La investigación se originó tras una denuncia del superintendente de Bancos, Roberto Romero Von Buchwald respecto a su nombramiento.

El caso «Ligados» se remonta a enero de 2024, cuando Verduga, Franco Loor y Saltos fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una infracción grave. Durante los allanamientos realizados en enero, Fiscalía decomisó el teléfono de Verduga, lo que generó controversia. Verduga, a través de sus redes sociales, denunció que se estaría planeando un nuevo intento de persecución en su contra.

La entrada Caso Ligados: Juez prohíbe salir del país a los implicados se publicó primero en La Calle.

Tras los comicios electorales del 5 de febrero, las cifras dejaron a Augusto Verduga (17.30%) y a Alembert Vera (8.18 %), pegados a la línea de la izquierda política, como los candidatos más votados para ser parte del Cpccs.

Después de una resolución de la Corte Constitucional (CC), Vera dejó la institución y su nuevo reemplazo será el abogado Juan Esteban Guarderas. El nuevo consejero tiene una línea ideológica completamente opuesta a la de Vera.

Ahora la estructura del Cpccs dio un giro de 180°, pues se avecina una nueva mayoría que antes estaba conformada por los consejeros Yadira Saltos, Augusto Verduga y Alembert Vera y Johanna Verdezoto, quien luego se apartó.

La posesión

Este 10 de octubre Bonifaz fue posesionada como nueva presidenta del Cpccs. Por otro lado, la designación de Fantoni procedió con la moción de la consejera Mishelle Calvache y fue aprobada con los cuatro votos provenientes de la proponente, Guarderas, Bonifaz y el mismo Fantoni (la posible nueva mayoría).

Los tres votos en contra fueron por parte de Saltos, Verdezoto y Verduga. Este último consejero señaló que se oponía a esta decisión porque nacía de una arbitrariedad, es decir, de la decisión de la Corte Constitucional que dejó a Alembert Vera fuera del Cpccs.

Las primeras decisiones

El concurso para la elección del nuevo contralor del Estado ha tenido más baches en el proceso, actualmente se encuentra suspendido por orden de un juez. En este sentido, el pleno de la institución resolvió con seis votos a favor que se emita un informe jurídico en un plazo de cinco días. (AGM).

La entrada La destitución de Vera reconfigura la estructura política del Cpccs se publicó primero en La Calle.

La hasta ayer vicepresidenta hizo su primera aparición en redes sociales con un video en el que «ratificó su compromiso de devolver la institucionalidad del Consejo a los 17 millones de ecuatorianos».

«Hago un llamado a todos los consejeros a trabajar juntos por sacar a la única institución que le permite a los ciudadanos participar de manera activa», expresó.

Según Bonifaz, es momento que el Cpccs se redirija a una verdadera democracia y cuente con las garantías jurídicas necesarias.

Además, Juan Carlos Cárdenas será oficializado como vocal de la entidad en los próximos días. A través de un video en redes sociales mencionó que sus prioridades son:

• Transparentar el concurso a Contralor General del Estado;

• auditar a los GAD’s para que instalen las casas de acogida para las mujeres que han sido violentadas, y;
• comenzar un proceso agresivo de limpieza de las instituciones públicas. «Ahí hay funcionarios que tiene contratos ilegales», dijo.

El inicio del inicio

La noche del 6 de octubre Vera fue separo del Cpccs, mientras que los otros consejeros (Augusto Verduga, Yadira Saltos, Nicole Bonifaz, Johanna Verdezoto, Mishelle Calvachi y Andrés Fantoni) se mantuvieron como vocales. Sin embargo, la Corte Constitucional advirtió que estará vigilante a las acciones de los integrantes del Cpccs.

La resolución se da luego de que Vera diera paso a la creación de una veeduría que revisaría las actuaciones del Cpccs-Transitorio y la designación de jueces de la Corte.

Una de esas acciones fue la designación de Diana Salazar como fiscal general del Estado (FGE). A esto se suma la denuncia del colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) sobre el presunto plagio de Salazar en su tesis y un artículo científico.

El dictamen también incluía el archivo de la veeduría y cualquier acción levantada en contra de la fiscal, todo en un plazo de 10 días.

La entrada El enrollo entre el Cpccs y la Corte Constitucional se publicó primero en La Calle.

Saltos indicó, en entrevista para Radio La Calle, que todo comenzó cuando atendieron el pedido de Pablo Jaramillo sobre la nula ejecución del presupuesto por el Ministerio de Seguridad. Luego con la denuncia de Acción Jurídica Popular (AJP) sobre el presunto plagio de la tesis de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

Recalcó que el decreto 759, con el que los desalojaba del edificio donde mantienen su sede, se trataría de «balas mercenarias» contra la ciudadanía, pues justifica la persecución hacia el Cpcss.

«Vamos a sesionar hasta las últimas consecuencias, con o sin edificio nuestro trabajo va a continuar», dijo.

¿Algo precipitado?

La consejera mencionó que antes de firmar el decreto tuvo que existir una charla entre las partes involucradas para llegar a un acuerdo. Ante este panorama, enfatizó que impondrán una acción de protección y si no es suficiente acudirá a instancias judiciales.

Saltos recalcó que el documento con el que se formó el acuerdo entre el Cpccs y el Banco Central del Ecuador (BCE) no tiene fecha de expedición, por lo que el jefe de Estado estaría cayendo en otro incumplimiento.

La gota que derramó el vaso…

El primer mandatario intentó restarle funciones al Consejo en la consulta popular del 5 de febrero, sin embargo, los ecuatorianos no apoyaron esta propuesta. Según Saltos, al presidente no le parece que el Cpccs sea el quinto poder que exija una rendición de cuentas a los funcionarios.

«Encárguese de lo que le corresponde y no a perseguir a la casa del pueblo. El Consejo lo único que ha intentado es recuperar la institucionalidad. Entendemos el nerviosismo de la fiscal», apuntó. (N.J.C)

La entrada «Encárguese de sus asuntos y deje de perseguir», dice consejera a Lasso se publicó primero en La Calle.