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La protesta surge tras un año de la consulta popular en la que la ciudadanía votó mayoritariamente a favor de detener la explotación en esa zona de alta biodiversidad. Sin embargo, pese a esa decisión, la infraestructura petrolera continúa operativa y hasta ahora no existe un cronograma público de desmantelamiento, lo que genera frustración y críticas hacia el Gobierno y la Corte Constitucional.

Mandato popular incumplido

Los líderes Waorani recordaron que la consulta fue vinculante y que el Estado está obligado a ejecutar la decisión ciudadana. “El pueblo ya decidió, pero el petróleo sigue saliendo del Yasuní”, reclamaron los voceros durante la concentración. Para ellos, la demora en la aplicación del resultado refleja un desacato al mandato democrático y una vulneración directa a los derechos de los pueblos y de la naturaleza.

Resistencia y movilización ciudadana

La jornada estuvo marcada por la participación de organizaciones sociales, ambientalistas y colectivos juveniles que, con pancartas y consignas, señalaron que la voluntad popular no puede convertirse en un simple trámite. Desde su perspectiva, la falta de acciones concretas demuestra que los intereses económicos pesan más que el respeto a la democracia y la protección ambiental.

Corte Constitucional bajo presión

La Corte Constitucional se convierte en un actor clave en esta disputa, pues debe garantizar el respeto a la consulta y exigir al Ejecutivo un plan de retiro progresivo y transparente de la infraestructura petrolera. Hasta ahora, sin embargo, el tribunal no ha emitido resoluciones que obliguen a un cronograma detallado, lo que alimenta el malestar de las comunidades.

Implicaciones políticas y ambientales

El incumplimiento del mandato del Yasuní no solo abre un conflicto político entre el Gobierno, los pueblos indígenas y la sociedad civil, sino que también expone al país a cuestionamientos internacionales. El Yasuní es uno de los territorios más biodiversos del planeta, y la demora en su protección genera dudas sobre el verdadero compromiso del Ecuador frente al cambio climático y los derechos de la naturaleza.

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Una lucha que no se detiene

Los Waorani y los colectivos advierten que mantendrán la presión social hasta que se cumpla la decisión popular. Para ellos, esta no es solo una causa ambiental, sino también una lucha por el respeto a la democracia directa y a la voz del pueblo.

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El pasado 28 de agosto el ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, junto al gerente general (S) de Petroecuador, Diego Guerrero, efectuaron el apagado de primer pozo productor de Ishpingo en el Bloque 56 en cumplimiento al mandato popular de la Consulta Popular de agosto del 2023.

La cartera de Estado informó que se realizarán labores de limpieza y se colocarán tapones de cemento para el abandono definitivo de la estructura.

Asimismo el cronograma establecido para el cierre de los 247 pozos determina un cierre progresivo que durará más de cinco años para que las intervenciones »no afecten al medio ambiente y a las comunidades aledañas». El bloque está conformado por las áreas de Ishpingo, Tiputini y Tambococha.

Cuestionamientos sobre la mesa

Para el colectivo Yasunidos todo se trató de un ‘show’ montado por el gobierno, pues argumentó que el pozo de Ishpingo ya cerró en junio. Según las conclusiones del documento entregado por el Gobierno a la Corte Constitucional, hasta el 30 de junio existían 247 pozos perforados de los cuales uno ya estaba abandonado.

»Lo que hizo el ministro es irse al Bloque 43 para tomarse la foto en un pozo que ya estaba abandonado», dijo el colectivo en sus redes sociales y advirtió que si existe un incumplimiento al mandato popular tomará medidas legales.

¿Pérdidas millonarias?

Según David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo (ANTEP) implicaría aproximadamente una disminución de 55 mil barriles diarios, es decir, USD 1.200 millones por año. Asimismo, alrededor de mil trabajadores de las comunidades aledañas perderían su empleo.

Almeida aclaró que es viable el apagado de los pozos petroleros en cinco años, sin embargo, la disolución total junto a la restauración de la zona implicaría más tiempo.

»El desmantelamiento de bloques es algo que no se ha hecho en ninguna parte del mundo ni siquiera existe una normativa», dijo en entrevista para La Calle.

Desde la ANTEP estiman que la inversión para apagar el Bloque del ITT sería alrededor de USD 4.500 millones y dejan sobre la mesa la interrogante de »¿Quién va asumir ese gasto?» y temen que el presupuesto salga de Petroecuador.

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«Contra los pobres. que son víctimas del sistema económico, no tienen pena para humillarlos. La lucha aquí solo es contra los pobres», dijo en entrevista con La Calle.

Argumentó que quienes «deberían arrimar el hombro para el bienestar del país» son los 500 grupos económicos que se han beneficiado de las políticas del Estado entre 2010-2024. Puntualizó que estos sectores se beneficiaron en más de USD 58 mil millones entre remisiones y exenciones tributarias. De la misma manera, juzgó que el mandatario aproveche la delicada situación de Ecuador para «aplicar leyes en contra de los ecuatorianos».

«No meta la mano en la clase media. El 70 % de productos de primera necesidad gravan IVA y eso solo agravaría la situación. Debe recaudar los recursos de quienes sí se aprovecharon de esos beneficios», expresó.

El IVA solo afecta a la clase pobre

Iza apuntó que el incremento al IVA -en términos de pobreza- es una situación letal para los ciudadanos. Recalcó que con la propuesta del IVA, automáticamente sube el precio del combustible y por ende de todos los productos.

«La consecución es más pobreza. Esto solo hará que los jóvenes sean el punto fijo para ser reclutados por el crimen organizado», aludió.

Repitió que una de las alternativas es aplicar el artículo 165 de la Constitución del Ecuador, que permite cobrar por adelantado el impuesto a la renta. Según Iza, de aplicar esta resolución podrían recaudar USD 600 millones o USD 700 millones aproximadamente.

¿Eliminación o focalización de Subsidios?

Sobre las declaraciones del presidente Daniel Noboa sobre la posibilidad de un paro nacional, Iza comentó que no construyen «pretextos o eventos» para salir a las calles. Asimismo, enfatizó que deberían tomar en cuenta los acuerdos de las mesas de diálogo que se formaron con el exmandatario Guillermo Lasso.

En aquellas mesas propusieron una «focalización inversa», que establecía que los grupos económicos con un capital formidable paguen ese valor. Según el líder indígena, con eso se podría recuperar más del 25 % que pretenden hacerlo. Detalló que este impuesto será aplicado al capital neto de las utilidades de bancos o empresas; mas no al capital de trabajo.

«Estos sectores deben pagar combustibles sin subsidios. Da vergüenza que los bancos digan que se empobrecen, cuando son los que más se han beneficiado en los últimos años», dijo.

Sobre la moratoria al ITT

Iza mencionó que en términos jurídicos la moratoria que quieren implementar Noboa carece de sustento. Comentó que solo Orellana y Sucumbíos aportan al país USD 13 mil millones al año con la explotación petrolera. Sin embargo, de ese capital ni las comunidades indígenas ni la propia Amazonía se han beneficiado.

«Fue la voluntad popular que decidió esto. Se cubren para sí mismo y para sus beneficios, pero piden sensibilidad al país», cuestionó.

Reprochó que se pretenda seguir extrayendo dinero de la Amazonía para construir las nuevas cárceles que ofreció el presidente y seguirla contaminando. Alegó que si pretenden obtener más recursos deberían volteara a ver a los poderosos y no a la clase media.

«Quieren seguir sacando plata, construir cárceles y seguir contaminando nuestro territorio. Eso no parece lógico», afirmó.

Reestructuración puertas adentro

El líder indígena señaló que Guillermo Churuchumbi, coordinador electo de Pachakutik (PK), realiza cambios desde las estructuras provinciales del movimiento. Recalcó que en el periodo pasado, muchos exasambleístas de PK se «refugiaron en las políticas neoliberales» por el discurso correísmo- anticorreísmo que se forjó.

«Muchos compañeros se chumaron y se fueron a cualquier espacio. Algunos acabaron en el espectro de las políticas neoliberales», refirió.

Apuntó que la proyección del país no puede estar reducido a ese discurso, porque quienes aprovechan esos estamentos son los grupos de poder. De la misma manera, mencionó que participarán en los próximos espacios electorales, con candidatos nacionales y provinciales.

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Después de tres meses de la consulta popular sobre la extracción petrolera en el Yasuní, la estatal aprobó el calendario para cerrar las operaciones en el bloque Ishpingo, Tambococha, Tiputini e ITT. La Corte Constitucional había establecido un año de plazo para finalizar las operaciones petroleras en este lugar.

»El desmantelaje puede llegar a no menos de USD 1.800 a USD 2 millones, aparte de todos los procesos que tenemos que indemnizar, ya no vamos a generar ingresos y esto afecta al Oleoducto de Crudos Pesados (OCP)», dijo a Ecuavisa.

Lavada de manos

El ministro de Energía, Fernando Santos, ya había anticipado que la responsabilidad del desmantelamiento del Yasuní quedaría para el otro gobierno de turno. También había manifestado su posición en contra de que se detenga la extracción petrolera en esta zona, pues indicó que existiría pérdidas económicas.

Pese a los resultados de la consulta popular, el jefe ministerial se acogió al artículo 57 de la Constitución. »Los que tienen que decidir si se inicia o termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio», resaltó.

¿Afectaciones?

El secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo de Ecuador (ANTEP), David Almeida, señaló que en 2022 el precio promedio del crudo en el ITT fue de USD 82.17 por barril, ese valor se dejó utilidades por USD 1.211 millones en el país.

”Si el petróleo fuera brea no se podrían producir 58 mil barriles de petróleo por día. Efectivamente el contenido de agua es alto como ocurre en todos los reservorios de petróleo a nivel mundial”, dijo en entrevista a Radio La Calle.

Otra visión

Para la vocera del colectivo Yasunidos, Manaí Prado, el Yasuní tiene un ciclo muy importante porque de ahí nacen las nubes que provocan las lluvias en los Andes y genera el agua que se consume en el país. ”No podemos sacrificar el lugar más biodiverso del mundo por ”beneficios económicos” que realmente no benefician al país”, señaló a este medio de comunicación.

Según Prado, el petróleo del Yasuní es de mala calidad de cada 100 barriles solo siete son de petróleo, todo lo demás es brea, es decir, agua formación tóxica, además de que se vende a muy bajo precio a nivel internacional. ”Se perdieron 15.000 millones de dólares en casos de corrupción”, resaltó. (AGM).

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Desde las 07h00 hasta las 17h00 los ciudadanos tendrán que acudir al recinto electoral en el que estén empadronados para votar por las dignidades de presidente, vicepresidente y asambleístas. Además tendrán que decidir el destino del Yasuní y el Chocó Andino, esta última consulta popular solo está dirigida para Quito.

Si aún no sabe donde debe votar puede ingresar a la página web del CNE en donde deberá colocar su número de cédula y su fecha de nacimiento para conocer su recinto electoral. Para votar deberá llevar el documento original de la cédula de identidad, pasaporte o documento de identidad consular si se encuentra en el exterior.

¿Qué candidatos estarán en las papeletas?

Para agilizar el tiempo de votación y no ocasionar largas filas es importante que vaya preparado y conozca a los candidatos que estarán en las papeletas. Los votantes recibirán cuatro papeletas, los ciudadanos del cantón Quito tendrán una adicional.

La papeleta para binomios presidenciales será de color café claro y para estos comicios electorales se registraron los siguientes candidatos:

En el caso de legisladores, la ciudadanía tendrá que elegir a 15 asambleístas nacionales que ocuparán el cargo hasta el 13 de mayo del 2025. Entre los candidatos que presiden las listas de los diferentes movimientos y alianzas se encuentran:

• Alianza Claro que se puede: Encabezada por el exlegislador Bruno Segovia y la excandidata a la Prefectura de Pichincha Elsa Guerra
• Sociedad Patriótica: Liderada por el expresidente Lucio Gutiérrez y Pasionaria Benalcázar
• Revolución Ciudadana: Encabezada por exlegisladora y hermana del expresidente Rafael Correa, Pierina Correa. Otro rostro conocido es el de la exasambleísta Paola Cabezas.
• Partido Social Cristiano: Lista liderada por el exlegislador Henry Konfle. También se encuentra el exasambleísta Jorge Abedrabbo y el presidente del PSC en Pichincha Gabriel Galán
• Alianza Actuemos: En esta alianza se encuentra Karina Subía, exfuncionaria del Municipio de Quito en el período de Mauricio Rodas. En segundo lugar está el exasambleísta Guillermo Celi
• Movimiento Amigo: Liderado por Víctor Bravo, exgerente de la empresa pública de Comunicación de Puerto López
• Movimiento Construye: La lista de candidatos la encabeza el exministro del Interior, Patricio Carrillo

Para la dignidad de asambleístas provinciales se encuentran 157 candidatos. Solo provincia de Pichincha que cuenta con más de 2 millones de habitantes tendrá que elegir a 16 representantes para el Legislativo.

Entre los nombres más conocidos a nivel nacional se encuentran:

• Exasambleísta de Pachakutik Sofía Sánchez por el movimiento Construye
• Expresidente de la Asamblea Virgilio Saquicela por el Partido Socialista
• Pedro Velasco por la alianza Actuemos
• Exprefecto de Cotopaxi, César Umajinga por la alianza de Avanza y Suma
• Exasambleísta Gisella Molina por movimiento Construye
• Exprefecto de El Oro, Esteban Quirola por un movimiento local
• Exasambleísta Lenin Lara, Jahiren Noriega, Jhajaira Urresta y Franklin Samaniego por la RC
• Exasambleístas Esteban Torres y Marjorie Chávez por el PSC
• El periodista Jonathan Carrera por Sociedad Patriótica

Preguntas de la Consulta Popular

Los 13.450.047 electores también deberán decidir sobre la extracción de petróleo en el bloque 43 del Yasuní. La pregunta que ha generado gran polémica entre petroleros y ambientalistas es la siguiente:

_{^{¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43 indefinidamente en el subsuelo?}}

Pregunta para la Consulta Popular del Yasuní

Por otro lado,  2.013.628 electorados empadronados en el cantón Quito tendrán que decidir sobre los trabajos de minería en la reserva natural del Chocó Andino. Los ciudadanos tendrán que responder a las siguientes preguntas:

Multas

A partir del 18 de agosto empezó la ley seca, la sanción para quienes incumplan con esta normativa (tanto para los que expiden las bebidas alcohólicas) como para los que las consumen es del 50 % de un salario básico (SBU), es decir, USD 225.

Por otro lado, la multa para las personas que no acudan a votar es de USD 45 lo que equivale al 10 % de un SBU. De igual manera, si un miembro de la JRV no asiste el día de las elecciones tendrá que pagar el 15% de un sueldo básico lo que se resume en USD 67.50.

La multa más alta reflejada en estas elecciones se da si el miembro de mesa abandona sus funciones en el transcurso del día, en este caso tendría que pagar de 10 a 20 salarios básicos, es decir de USD 4.500 a USD 9 mil. El CNE recordó que estos valores son acumulables, no hay manera de evadirlos. (A.G.M)

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Lo que debía ser una entrevista en Ecuavisa para conocer el perfil de Paredes, binomio presidencial de Otto Sonnenholzner, se convirtió en una »audiencia» de acusaciones por parte de Rojas a la candidata. De los casi 11 minutos del diálogo, tres fueron dedicados a conocer a Paredes y su trayectoria.

Respecto a Harvard, la candidata señaló que para entrar a la universidad estadounidense recibió cartas de varias personas como expresidentes, exministros y de altos funcionarios de la ONU con quienes ha trabajado. Resaltó que esta sería la única manera de obtener una beca.

»Pero una recomendación de una persona que está cuestionada por corrupción pues Erika, me parece un contrasentido, es decir, como exhibo yo una carta simplemente porque él puede tener un grado de influencia», insistió Rojas en varias ocasiones.

¿Quién es Erika Paredes?

»Yo no soy una militante política, nunca he estado afiliada a ningún partido y he sido servidora pública de 15 años», fue la breve autobiografía de la candidata en Ecuavisa.

La cuencana no es reconocida por ser una figura política. Sin embargo, el familiar más cercano al Carondelet fue su abuelo Obdulio Paredes, quien reparaba los muebles del Palacio Presidencial durante la época del exmandatario Otto Arosemena (1966-1968).

Paredes se graduó como licenciada en Asuntos Internacionales con mención en Comercio Exterior, en la Universidad del Azuay. Desde el 2007, hasta la fecha, ha trabajado para la ONU con proyectos para la gestión de compras públicas unificadas que permitían disminuir costos y combatir la corrupción en diversos países.

En 2012 trabajó para la iniciativa Yasuní – ITT promovida con el objetivo de que el petróleo del bloque se quede bajo tierra. También fue parte del proyecto de integración regional sudamericana de la UNASUR. (A.G.M).

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El 22 de mayo el CNE envió la propuesta, después de aprobarla en el Pleno con cuatro votos a favor y una abstención. Los plazos para la consulta popular Yasuní correrán a partir del 9 de junio.

Este proceso electoral estaba previsto para el 23 de julio. Sin embargo, la decisión le habría costado al Estado alrededor de USD 51 millones adicionales.

Nuevas fechas

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que estos procesos electorales se llevarán a cabo el día domingo 20 de agosto. Si existe una segunda vuelta, se llevaría a cabo el 15 de octubre. En noviembre serían posesionadas las nuevas autoridades, quienes estarían en el cargo cerca de un año y medio.

Además, resaltó que no existirían campañas para cambio de domicilio y que se utilizarían los mismos padrones utilizados las elecciones seccionales 2023. (A.G.M).

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La Corte calificó como legítimos a los miembros del «Colectivo Yasunidos» para solicitar la consulta popular. Asimismo, verificó que la solicitud, la pregunta y los considerandos cumplen con los requisitos de ley.

El resultado de la consulta popular podría suspender las actividades ya iniciadas de explotación y extracción del crudo. 

La Corte también evaluó los riesgos de los contratos de preventa petrolera y estableció que el superávit en la producción no hace indispensable la explotación del bloque.

Si el resultado de la consulta popular dicta la suspensión de actividades petroleras, su ejecución no sería inmediata, sino que entraría en vigencia dentro de un año (contando desde la emisión de los resultados).

No fue unánime

Tres jueces se opusieron a la consulta popular. Los magistrados Carmen Corral Ponce y Enrique Herrería Bonnet dieron su voto salvado. Ellos explicaron que existen alrededor de 900 contratos y que el bloque 43 es el cuarto de mayor aportación a la producción nacional.

Asimismo, el juez constitucional Richard Ortiz Ortiz también presentó un voto salvado, pero esgrimió otros argumentos. Finalmente, la jueza constitucional Teresa Nuques Martínez no estuvo presente por licencia.

Foto: AP

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«El caso Pueblos Indígenas Tagaeri-Taromenane vs. Ecuador comienza en 2003 con una masacre hacia estos pueblos. Luego en 2006 hay otra masacre por lo que se presenta una serie de denuncias en la Comisión Interamericana y se otorga medidas cautelares», explicó durante una entrevista con Radio La Calle.

Bermeo detalló que en 2013 hubo otra masacre donde murieron 30 personas, principalmente mujeres y niños. Finalmente, la CIDH elaboró un informe en el que declara que Ecuador vulneró los derechos de los pueblos aislados y presentó el caso ante la Corte Interamericana.

 “Esperamos que finalmente haya justicia para estos pueblos. Lo que han vivido es un genocidio que está a punto de exterminar su cultura”, aseguró Bermeo.

El activista sostuvo que es importante que los ecuatorianos comprendan la importancia del rol que cumplen los pueblos no contactados en el cuidado y protección de la naturaleza.

El dirigente comentó que este caso lleva 16 años de lucha y finalmente llegó a la CIDH en busca de justicia para los pueblos no contactados. El caso llegó a la Corte para poner un freno a las actividades extractivas en las zonas aisladas.

Además, aseveró que es totalmente falso que el petróleo nos va a sacar de la pobreza. Los últimos 50 años han sido a través del petróleo y no ha mejorado la calidad de vida, sobre todo de las personas que viven en estos territorios.

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«Hoy, la Corte Constitucional del Ecuador falló a favor del derecho de los pueblos indígenas a decidir el futuro de la Amazonía. Esta es una gran victoria en la lucha contra el cambio climático y para la protección de los derechos de los pueblos indígenas», publicó DiCaprio a través de su cuenta de Twitter.

El 2 de febrero, la Corte avaló el derecho de la nacionalidad amazónica Cofán a decidir sobre la actividad minera en Sinangoe. La comunidad demandó que no fue consultada sobre las concesiones en sus territorios.

Caso Sinangoe

La comunidad Cofán, en colaboración de la ONG Amazon Frontlines (AF), interpusieron la demanda en 2018. Allí se reconoció la violación a su derecho de consulta previa. Sin embargo, todos los ministerios apelaron la sentencia. Se debió acudir a un nuevo juez que vuelva a declarar la protección del territorio, según detalla la página web de AF.

La Corte Constitucional falló a favor de los derechos de los pueblos indígenas sobre el territorio Sinangoe, el pasado 2 de febrero. La comunidad aseguró que no fue consultada sobre muchas concesiones mineras de sus tierras, enunciado que la Corte reconoció.

La Corte también resolvió prohibir todo tipo de actividad extractiva al interior de la franja de amortiguamiento dentro de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane. Este fallo garantiza la protección de 9 mil 300 hectáreas de selvas y bosques que constituyen la mayoría de ecosistemas indispensables para el equilibrio climático mundial, según reporta AF.

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Quito, 23 de sep, (La Calle). – Varias organizaciones de la Alianza por los Derechos Humanos, presentaron este jueves las medidas cautelares contra la construcción de una carretera en el corazón del Yasuní.

El encuentro tuvo lugar a las afueras del Consejo Judicial del Norte. Allí solicitaron a las autoridades que se detenga el avance de la construcción de la vía. El proyecto del Estado afectaría a los pueblos y nacionalidades que habitan en el sector. Además, vulnera los derechos de los residentes de la zona.

Vivian Idrobo Mora, coordinadora de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos por el Ecuador dice que los abusos a las vulneraciones de los derechos de los pueblos, afectaría gravemente con la construcción de infraestructura petrolera.

Por su parte, Pedro Bermeo, representante del colectivos Yasunidos, dice que el adelanto de la obra está traspasando la zona de amortiguamiento

El gran perjuicio de esta obra de la carretera, significaría la afectación en aspectos de contaminación y deforestación de los espacios verdes y sobretodo del Yasuní.

Instancias legales de la demanda contra el estado

Existe un proceso legal de los Yasunidos en la Corte Constitucional en relación a la consulta popular en el que se decidió evitar la explotación del Yasuní.

Además, existiría un gran perjuicio a la desaparición de los pueblos indígenas aislados Tagaeri y Taromenane que habitan en el sector. En el año 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al estado ecuatoriano medidas cautelares a favor de los pueblos aislados.

Se espera la decisión del Consejo Judicial que determinará a un juez para que acoja el proceso y tome la resolución sobre estas medidas cautelares.

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