El 20 de agosto de 2023, el 58.91% de los votantes ordenó la suspensión total de actividades en este territorio. La zona es considerada uno de los epicentros de biodiversidad planetaria y hábitat de pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV).

Pese al mandato de la Corte Constitucional, la producción petrolera continúa sin interrupción. Yasunidos señaló que el gobierno ha creado «excusas, trámites y comités fantasmas» para evadir la voluntad ciudadana, incumpliendo tres obligaciones centrales.

• No suspensión de operaciones en el Bloque 43, pese al plazo de un año para desmantelamiento progresivo.
• Falta de revocatoria de licencias ambientales e inicio del retiro de infraestructura.
• Desprotección crítica de territorios PIAV, sin acciones para garantizar su derecho al no contacto.

Un llamado al cumplimiento de la voluntad popular

El colectivo enfatizó que el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular —creado tardíamente por el gobierno de Daniel Noboa— solo se ha reunido dos veces sin resultados concretos.

La exigencia de acción judicial urgente se agrava por el Decreto Ejecutivo No. 60, que debilita al Ministerio de Ambiente y a la cartera de Derechos Humanos al fusionarlos con otros Ministerios. Yasunidos alertó que este marco «promueve un retroceso institucional» y consolida una tendencia regresiva del gobierno contra derechos colectivos y ambientales.

«La Corte Constitucional debe defender la soberanía popular. El Yasuní no se negocia«, cerró el colectivo, emplazando al máximo tribunal a ordenar la suspensión inmediata de actividades en el bloque y sancionar a las autoridades responsables.

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El colectivo alertó sobre la presencia de paramilitares armados en el sector. De la misma manera, señaló que los «vigilantes» atacaron a los campesinos de Las Pampas, un sector de Sigchos. En imágenes que circulan en redes sociales, se observa a uno de los afectados con golpes en su cabeza y mano.

«Responsabilizamos a Daniel Noboa de las consecuencias de su política minera», resalta el tuit del colectivo.

De la misma manera, la Conaie detalló que, el 7 de marzo de 2024, individuos armados paramilitares, identificados con la «Junta de Defensa del Campesinado», que se vincula con empresas mineras desde el 2021 se reunieron en Palo Quemado. Según el movimiento, el grupo armado realizó controles de carretera no autorizados, solicitaron documentación a los transeúntes y portaban armamento pesado.

Posterior a eso, el 9 de marzo, cerca de 20 campesinos fueron intimidados cuando se dirigían a una asamblea comunitaria. Además, ingresaron a sus domicilios y amenazaron a todos sus familiares.

«Todo eso a los opositores a la empresa canadiense y su subsidiaria La Plata. Todo eso en complicidad del Estado», reza el comunicado.

También acusó al gobierno y al presidente Daniel Noboa por incrementar el riesgo de enfrentamientos civiles violentos. En el comunicado, detalla que todos los procesos serían para beneficiar a las empresas mineras.

Una consulta inconstitucional

El Ministerio de Ambiente realizó una consulta ambiental en julio de 2023. El proceso fue calificado de ilegítimo por la población y declarado inconstitucional por la Corte Constitucional (CC). La Conaie enfatizó que esta acción se desató en medio de una represión hostil que dejó a seis campesinos lesionados, dos de ellos de gravedad.

Yasunidos también se pronunció al respecto y se solidarizó con sus compañeros de Sigchos, quienes sufrieron agresiones por resistirse a la minería. De la misma manera, responsabilizó al gobierno de los futuros actos y hechos que se desaten.

«Es su gobierno el que ha decidido de manera ilegal dar respaldo a proyectos mineros a pesar de la clara resistencia y oposición de las poblaciones en territorios», detalla el documento.

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«Nosotros no queremos que termine la producción del bloque 43. No queremos y no vamos a apoyar ningún trato. Por ahora no. La autoridad puede poner la ley que quiera, pero si no es aplicable la ley, ¿qué quiere que yo haga? Si esta ley lo que va es a afectar a las comunidades. A parte es técnicamente imposible cerrar un pozo petrolero de la noche a la mañana. Es inaplicable la consulta», dijo el mandatario en una reunión.

Yasunidos se pronuncia

Para el colectivo Yasunidos, quien lideró el Sí en la consulta popular, el primer mandatario pretende burlarse de los cinco millones y medio de ecuatorianos que decidieron mantener el petróleo del bloque ITT en el subsuelo.

«Demandamos al presidente que cese de manera inmediata sus intenciones antidemocráticas y se limite a cumplir el mandato popular en lo que le queda de administración», expresaron en un comunicado.

También exhortan a la Corte Constitucional a pronunciarse sobre esas declaraciones y a la ciudadanía y comunidad internacional a mantenerse vigilantes de que se cumpla el mandato popular expresado en las urnas el pasado 20 de agosto. (MIB)

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Entre los nombres que figuran esta petición están:

• Gissela Molina,
• Mario Ruiz,
• Edgar Quezada,
• Ricardo Vanegas,
• Guadalupe Llori,
• Rafael Lucero,
• Jessica Castillo,
• Cristian Yucailla,
• Rosa Cerda,
• Efrén Calapucha; y,
• Sofía Sánchez.

Antes de que el jefe de Estado disolviera el Legislativo, la Conaie y Pachakutik, que se supone era su ala derecha, enfrentaron varios desacuerdos por las posiciones políticas de sus integrantes.

Además, enfatizó que en la lista de candidatos deberían estar sujetos que retomen el proyecto político. Recalcó que la lista debería considerar a las bases Feine, Fenocin, Conaie, Yasunidos, feministas, ecologistas que lucharon en las movilizaciones del 2019 y 2022.

La interminable situación de Churuchumbi

Otra resolución del Consejo Ampliado fue solicitar el registro y nombramiento de Guillermo Churuchumbi y su equipo de trabajo como el nuevo coordinador de PK.

«El coordinador Marlon Santi y el Comité Ejecutivo deben desistir de cualquier acción legal en contra de X Congreso del MUPP», detalla el comunicado.

El pasado 3 de mayo, Santi señaló que 14 dirigentes y 16 asambleístas tienen la intención de abandonar el movimiento tras la elección de Churuchumbi como nuevo coordinador.

Disputa entre PK y la Conaie

Las diferentes entre los movimientos se agudizaron con el juicio político a Lasso. Mientras el presidente de la organización, Leonidas Iza, pedía que se respalde el proceso contra el mandatario, los jefes de la exbancada, Mario Ruiz y Salvador Quishpe no tuvieron definida su decisión.

Incluso, Ruiz le dijo a Iza: “No somos borregos para que un líder político nos diga que hacer”, sobre las ”presiones” Iza para que los asambleístas voten a favor de la destitución y censura del presidente. (N.J.C)

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