Quito, 30 jul (La Calle).- La decisión del gobierno de Daniel Noboa de eliminar ministerios y despedir a 5.000 trabajadores públicos ha movilizado a sindicatos y colectivos sociales. Dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y de la Confederación Nacional de Servidores Públicos anunciaron que organizarán movilizaciones para el 31 de julio y el 7 de agosto con el fin de exigir que la Corte Constitucional tramite las más de 20 demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública.
Representantes de sectores públicos señalaron que la «racionalización» afecta a miles de familias y que se trata de un ajuste encubierto. Edwin Bedoya, presidente encargado del FUT, advirtió que los despidos se concentran en trabajadores que ingresaron en los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Según los sindicatos, el Gobierno planea nuevas desvinculaciones si la Corte no suspende la ley.
Las protestas también fueron impulsadas por la fusión de doce ministerios establecida mediante el Decreto 60, que incluye la desaparición del Ministerio de la Mujer
La Unión Nacional de Educadores denunció que el Ministerio del Trabajo ya autorizó la supresión de cien cargos en educación y convocó a jornadas de defensa del empleo para el 7 y 16 de agosto. Los trabajadores sostienen que la supuesta eficiencia administrativa se traduce en precarización y pérdida de servicios públicos mientras no se toca la evasión fiscal ni las grandes fortunas.
Desde una perspectiva progresista, las organizaciones reclaman que la salida no puede ser despedir a servidores ni reducir carteras estratégicas. En lugar de recortar derechos, proponen fortalecer las instituciones públicas con inversiones en salud, educación y cultura financiadas con impuestos a la riqueza y la eliminación de la corrupción. «Nos movilizaremos en defensa del trabajo y lo público», reiteran los sindicatos. y la transferencia del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y el ECU911 al Ministerio del Interior. Organizaciones feministas calificaron la medida como una regresión de derechos y exigieron mantener un ministerio con presupuesto para enfrentar la violencia de género. Gestores culturales y empleados de la Casa de la Cultura presentaron una acción de protección para frenar la fusión del Ministerio de Cultura con el de Educación.
La Unión Nacional de Educadores denunció que el Ministerio del Trabajo ya autorizó la supresión de cien cargos en educación y convocó a jornadas de defensa del empleo para el 7 y 16 de agosto. Los trabajadores sostienen que la supuesta eficiencia administrativa se traduce en precarización y pérdida de servicios públicos mientras no se toca la evasión fiscal ni las grandes fortunas.
Las protestas también fueron impulsadas por la fusión de doce ministerios establecida mediante el Decreto 60, que incluye la desaparición del Ministerio de la Mujer y la transferencia del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y el ECU911 al Ministerio del Interior. Organizaciones feministas calificaron la medida como una regresión de derechos y exigieron mantener un ministerio con presupuesto para enfrentar la violencia de género. Gestores culturales y empleados de la Casa de la Cultura presentaron una acción de protección para frenar la fusión del Ministerio de Cultura con el de Educación.
La Unión Nacional de Educadores denunció que el Ministerio del Trabajo ya autorizó la supresión de cien cargos en educación y convocó a jornadas de defensa del empleo para el 7 y 16 de agosto. Los trabajadores sostienen que la supuesta eficiencia administrativa se traduce en precarización y pérdida de servicios públicos mientras no se toca la evasión fiscal ni las grandes fortunas.
Desde una perspectiva progresista, las organizaciones reclaman que la salida no puede ser despedir a servidores ni reducir carteras estratégicas.
En lugar de recortar derechos, proponen fortalecer las instituciones públicas con inversiones en salud, educación y cultura financiadas con impuestos a la riqueza y la eliminación de la corrupción. «Nos movilizaremos en defensa del trabajo y lo público», reiteran los sindicatos
Las protestas también fueron impulsadas por la fusión de doce ministerios establecida mediante el Decreto 60, que incluye la desaparición del Ministerio de la Mujer y la transferencia del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y el ECU911 al Ministerio del Interior. Organizaciones feministas calificaron la medida como una regresión de derechos y exigieron mantener un ministerio con presupuesto para enfrentar la violencia de género. Gestores culturales y empleados de la Casa de la Cultura presentaron una acción de protección para frenar la fusión del Ministerio de Cultura con el de Educación.
La Unión Nacional de Educadores denunció que el Ministerio del Trabajo ya autorizó la supresión de cien cargos en educación y convocó a jornadas de defensa del empleo para el 7 y 16 de agosto. Los trabajadores sostienen que la supuesta eficiencia administrativa se traduce en precarización y pérdida de servicios públicos mientras no se toca la evasión fiscal ni las grandes fortunas.
Desde una perspectiva progresista, las organizaciones reclaman que la salida no puede ser despedir a servidores ni reducir carteras estratégicas. En lugar de recortar derechos, proponen fortalecer las instituciones públicas con inversiones en salud, educación y cultura financiadas con impuestos a la riqueza y la eliminación de la corrupción. «Nos movilizaremos en defensa del trabajo y lo público», reiteran los sindicatos.