Quito, 20 de ago (La Calle).– Representantes de la nacionalidad Waorani, junto a la CONAIE y otros colectivos indígenas y sociales, se concentraron frente a la Corte Constitucional para exigir el cumplimiento del mandato popular que ordenó mantener sin actividad petrolera el bloque 43, ubicado en el Yasuní.
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La protesta surge tras un año de la consulta popular en la que la ciudadanía votó mayoritariamente a favor de detener la explotación en esa zona de alta biodiversidad. Sin embargo, pese a esa decisión, la infraestructura petrolera continúa operativa y hasta ahora no existe un cronograma público de desmantelamiento, lo que genera frustración y críticas hacia el Gobierno y la Corte Constitucional.
Mandato popular incumplido
Los líderes Waorani recordaron que la consulta fue vinculante y que el Estado está obligado a ejecutar la decisión ciudadana. “El pueblo ya decidió, pero el petróleo sigue saliendo del Yasuní”, reclamaron los voceros durante la concentración. Para ellos, la demora en la aplicación del resultado refleja un desacato al mandato democrático y una vulneración directa a los derechos de los pueblos y de la naturaleza.
Resistencia y movilización ciudadana
La jornada estuvo marcada por la participación de organizaciones sociales, ambientalistas y colectivos juveniles que, con pancartas y consignas, señalaron que la voluntad popular no puede convertirse en un simple trámite. Desde su perspectiva, la falta de acciones concretas demuestra que los intereses económicos pesan más que el respeto a la democracia y la protección ambiental.
Corte Constitucional bajo presión
La Corte Constitucional se convierte en un actor clave en esta disputa, pues debe garantizar el respeto a la consulta y exigir al Ejecutivo un plan de retiro progresivo y transparente de la infraestructura petrolera. Hasta ahora, sin embargo, el tribunal no ha emitido resoluciones que obliguen a un cronograma detallado, lo que alimenta el malestar de las comunidades.
Implicaciones políticas y ambientales
El incumplimiento del mandato del Yasuní no solo abre un conflicto político entre el Gobierno, los pueblos indígenas y la sociedad civil, sino que también expone al país a cuestionamientos internacionales. El Yasuní es uno de los territorios más biodiversos del planeta, y la demora en su protección genera dudas sobre el verdadero compromiso del Ecuador frente al cambio climático y los derechos de la naturaleza.
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Una lucha que no se detiene
Los Waorani y los colectivos advierten que mantendrán la presión social hasta que se cumpla la decisión popular. Para ellos, esta no es solo una causa ambiental, sino también una lucha por el respeto a la democracia directa y a la voz del pueblo.