Quito, 29 jul (La Calle).- A dos años del respaldo constitucional a la consulta popular que exigió el fin de la explotación petrolera en el Bloque 43-ITT del Yasuní, el Estado ecuatoriano mantiene una «estrategia deliberada de desobediencia institucional», denunció hoy el colectivo Yasunidos.
El 20 de agosto de 2023, el 58.91% de los votantes ordenó la suspensión total de actividades en este territorio. La zona es considerada uno de los epicentros de biodiversidad planetaria y hábitat de pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV).
Pese al mandato de la Corte Constitucional, la producción petrolera continúa sin interrupción. Yasunidos señaló que el gobierno ha creado «excusas, trámites y comités fantasmas» para evadir la voluntad ciudadana, incumpliendo tres obligaciones centrales.
- No suspensión de operaciones en el Bloque 43, pese al plazo de un año para desmantelamiento progresivo.
- Falta de revocatoria de licencias ambientales e inicio del retiro de infraestructura.
- Desprotección crítica de territorios PIAV, sin acciones para garantizar su derecho al no contacto.
Un llamado al cumplimiento de la voluntad popular
El colectivo enfatizó que el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular —creado tardíamente por el gobierno de Daniel Noboa— solo se ha reunido dos veces sin resultados concretos.
La exigencia de acción judicial urgente se agrava por el Decreto Ejecutivo No. 60, que debilita al Ministerio de Ambiente y a la cartera de Derechos Humanos al fusionarlos con otros Ministerios. Yasunidos alertó que este marco «promueve un retroceso institucional» y consolida una tendencia regresiva del gobierno contra derechos colectivos y ambientales.
«La Corte Constitucional debe defender la soberanía popular. El Yasuní no se negocia«, cerró el colectivo, emplazando al máximo tribunal a ordenar la suspensión inmediata de actividades en el bloque y sancionar a las autoridades responsables.